Investigación revela que la campaña de Petro superó los topes de gasto por más de 5.300 millones de pesos y recibió aportes ilegales; la Comisión de Acusación de la Cámara tendrá la última palabra.
Una investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sacudido el panorama político en Colombia al concluir que la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022 violó los límites de gasto electoral establecidos por la ley y recurrió a fuentes de financiación prohibidas. Según la información publicada por la agencia EFE, la investigación encabezada por los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del uribista Centro Democrático, determinó que la campaña de Petro sobrepasó los límites de gasto por más de 5.300 millones de pesos (1,27 millones de dólares) y que recibió aportes de personas jurídicas, algo expresamente prohibido por la legislación electoral colombiana.
Durante la primera vuelta electoral, se habría superado el límite en 3.700 millones de pesos (888.650 dólares), con un total de siete infracciones detectadas. Entre las más destacadas, se señala que no se reportó un aporte de 500 millones de pesos (120.000 dólares) proveniente del sindicato de educadores, Fecode, así como otro del mismo monto aportado por el Polo Democrático, partido integrante de la coalición de gobierno. Estas omisiones, según la investigación, constituyen violaciones significativas a las normas de financiamiento de campañas electorales.
Además, se menciona la vinculación de Xavier Vendrell, un político catalán conocido por su implicación en el ‘procés’ catalán y por su cercanía con Petro, quien supuestamente omitió reportar el pago a testigos electorales durante la campaña. La segunda vuelta electoral también presentó irregularidades, con un exceso de gasto estimado en 1.600 millones de pesos (382.000 dólares) y cinco infracciones adicionales. Entre estas, se señala que no se reportó el costo total del alquiler del Movistar Arena, utilizado para celebrar los resultados de la segunda vuelta, cuyo costo real fue de 250 millones de pesos (casi 60.000 dólares), mientras que solo se reportaron 150 millones (36.000 dólares).
La investigación también indica que hubo una falta de reportes sobre el uso de vuelos privados para el transporte del entonces candidato Petro a diversos actos proselitistas durante la campaña, lo cual constituye otra violación a las normativas de transparencia electoral.
El CNE es el organismo encargado de supervisar e investigar las campañas y los candidatos en temas de financiación electoral. Sin embargo, en el caso del presidente, que goza de inmunidad, la competencia para llevar a cabo investigaciones de tipo penal y disciplinario recae exclusivamente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que actualmente mantiene abierta una investigación por este caso.
No obstante, el CNE sostiene que tiene la potestad de investigar a nivel administrativo tanto la campaña como al presidente, al igual que lo hizo con las campañas de los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos. En este contexto, podría imponer sanciones administrativas, como multas o la devolución de fondos.
A pesar de que la investigación del CNE aún no ha sido publicada oficialmente, sus conclusiones ya están generando reacciones intensas en el ámbito político y podrían tener implicaciones significativas para la administración actual y las futuras elecciones en Colombia. La Comisión de Acusación de la Cámara deberá determinar si procede o no con una investigación más profunda sobre las presuntas irregularidades detectadas en la campaña de Gustavo Petro.
