Un escándalo ha sacudido el ámbito político colombiano tras descubrirse que la amenaza de atentado contra el presidente Gustavo Petro y el Palacio de Justicia podría ser un engaño.
La fuente principal de la información, Jhon Alexander Beltrán, confesó que la información proporcionada era falsa y que recibió ofertas de dinero y asilo en Estados Unidos para propagar estas amenazas.
En los últimos meses, se había encendido la alarma nacional con reportes sobre planes para atentar contra el presidente Gustavo Petro el 20 de julio y contra el Palacio de Justicia el 14 de agosto.
La fuente de estas alarmas, Beltrán, había entregado información a diversas agencias de seguridad y la Fiscalía, la cual se basaba en un fusil deportivo y una maqueta del Palacio de Justicia.
Recientemente, Beltrán admitió que la información era falsa y que recibió ofertas de 500 millones de pesos y asilo en Estados Unidos para difundir las amenazas. El abogado Javier Mejía y el investigador privado Luis Usaquén, quienes denunciaron estos planes, también están bajo la lupa por su posible implicación en la falsificación de la información.
Las autoridades han encontrado inconsistencias en las pruebas presentadas, como el fusil deportivo que no era adecuado para un ataque real. El caso ha llevado a un cuestionamiento profundo sobre la veracidad de la información y la eficacia de los procedimientos de seguridad.
La Fiscalía está actualmente investigando el caso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Mientras tanto, el abogado Mejía ha negado cualquier intento de engaño y sugiere que la investigación podría estar dirigida a desviar la atención de otras denuncias que él ha hecho anteriormente sobre corrupción en la Fiscalía y la Policía.
Este caso subraya la necesidad de una rigurosa verificación de la información en situaciones de seguridad nacional y plantea serias preguntas sobre la integridad de las fuentes y los procesos de denuncia en Colombia.
