Pidió que ordenanzas aprobadas también el panorama.
Solicitó a alcaldes no atribuirse logros que pueda alcanzar la Fuerza Pública.
Un contundente llamado a la Fuerza Pública y a los entes territoriales realizó el diputado Carlos Rojano Llinás, quien aseguró que los proyectos de ordenanza recientemente aprobados en la Asamblea, deben tener como resultado una disminución en los índices de inseguridad enfrenta el departamento del Atlántico y su capital Barranquilla, donde en los últimos días se han exacerbado los casos de robos, sicariato y extorsión.
“El problema que tenemos es que la gente se siente intranquila, se siente amenazada, las personas no se sienten a gusto porque les da miedo trabajar y hacer actividades cotidianas”, explicó.
De acuerdo con Rojano, tan crítica es la situación de seguridad en el departamento y Barranquilla que un importante número de empresas y pequeños negocios han tenido que cerrar.
“Hasta algunos finqueros se han retirado porque los extorsionan y no hay nadie que los defienda, los vacunan y no hay nadie que los defienda”, cuestionó.
De acuerdo con el diputado, lo más grave es que los hechos quedan sólo en denuncias, lo que denota que no existe una labor eficiente por parte de las organizaciones de seguridad.
Por otra parte, Rojano instó a los alcaldes para que no se tomen como propios los logros que alcanza la Fuerza Pública, pues es esta la que enfrenta desde todo punto de vista a la delincuencia.
“Hay alcaldes que quieren cogerse la bandera de la seguridad y si logran tranquilizar a la ciudadanía quedan como si fue el éxito de ellos, cuando la labor la realiza es la Policía, la Fuerza Pública”.
Las afirmaciones las realizó el integrante de la Duma Departamental en el marco de la aprobación de dos proyectos de ordenanzas presentados por la Gobernación del Atlántico direccionados a garantizar la seguridad.
“Esperamos que el resultado de las ordenanzas aprobadas sea que haya seguridad y tranquilidad en los municipios para que el desarrollo económico y la inversión puedan estar custodiadas por las fuerzas del orden”, señaló.
Cabe mencionar, que hace algunos días la Asamblea del Atlántico aprobó una ordenanza por medio de la cual se le facultó al mandatario departamental a comprometer las vigencias futuras del recaudo de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana por un periodo comprendido entre el 2025 y el 2034, para modernizar infraestructuras, adquirir equipos de última tecnología, implementar programas para la prevención del delito y mejorar el acceso a la justicia.
