El presidente Gustavo Petro ha justificado el reciente aumento en el precio del diésel, que desde el 31 de agosto subirá $1.904, elevando el costo promedio a $11.360 por galón. Petro argumenta que este incremento es necesario para evitar que el subsidio al diésel cause una deuda que afecte a los más vulnerables, limitando así sus recursos para necesidades esenciales como la alimentación y la educación.
El anuncio del aumento ha desatado una serie de protestas por parte de transportadores en 30 ciudades colombianas, quienes han manifestado su descontento con la medida. En respuesta, Petro ha acusado al uribismo de intentar desestabilizar su gobierno al influir en las grandes empresas de transporte para que detengan sus camiones, comparando la situación con los eventos que llevaron al derrocamiento de Salvador Allende en Chile.
El presidente también ha criticado a las grandes corporaciones de transporte, afirmando que han transformado a los transportadores en trabajadores subcontratados con condiciones laborales desfavorables. Los transportadores han expresado su preocupación por la alta concentración de camiones en manos de grandes empresarios y han solicitado a las superintendencias que vigilen posibles abusos en el sector.
