La Contraloría General del Magdalena acusa a Caicedo y otros funcionarios de un sobrecosto de más de $2.000 millones en la adquisición de tapabocas y otros insumos médicos.
El pasado sábado, 24 de agosto, la Contraloría General del Magdalena ha formulado una imputación por presunto detrimento patrimonial en contra de Carlos Eduardo Caicedo Omar, exgobernador del Magdalena, varios funcionarios de su administración y la empresa Equipar TM Ltd, representada por Cristian Pitre Quiñones. Esta decisión se tomó en virtud de las facultades de vigilancia y control fiscal de la entidad sobre la gestión de los recursos públicos del orden departamental.
Según el boletín de prensa emitido por la Contraloría, se imputó responsabilidad fiscal «a título de culpa grave» a Caicedo, a Jenny Camacho Neuto, exjefa de la Oficina de Contratación del Magdalena, a Jorge Bernal Conde, exsecretario seccional de Salud del Magdalena, y al contratista Cristian Rafael Pitre Quiñones, en su rol como representante legal de la empresa Equipar TM Ltd durante la época de los hechos.
El proceso de responsabilidad fiscal comenzó el 5 de abril de 2022, cuando la Contraloría Auxiliar para las Investigaciones de la Contraloría General del Magdalena abrió una investigación por un posible detrimento patrimonial a la Gobernación del Magdalena. Los hechos bajo investigación apuntan a un sobrecosto en la adquisición de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19, especialmente en la compra de tapabocas, cuyo valor total se estima en «DOS MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.052.897.950,00)».
El informe señala que «los soportes allegados al expediente no son suficientes para demostrar que entregó en recta y satisfacción el contrato de tapabocas», valorado en más de 780.000 unidades de mascarillas adquiridas para atender la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Ante estas acusaciones, la Contraloría reafirma su posición de controlar y vigilar el uso adecuado de los recursos públicos, especialmente en contextos críticos como la pandemia.
«Finalmente, la Contraloría General del Magdalena mantiene su postura en contra de las irregularidades cometidas», destacando la importancia de proteger el erario de situaciones de mal uso o desviación de fondos que afectan el bienestar público.
«Ferias de la Equidad»
La Contraloría General del Magdalena además inició otro proceso auditor contra la Gobernación del Magdalena el pasado viernes 23 de agosto, por un presunto detrimento patrimonial relacionado con el manejo de bienes donados por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Los bienes, entregados para cubrir las necesidades de la población en situaciones de emergencia, fueron posteriormente distribuidos en las denominadas «Ferias de la Equidad».
Según el boletín de prensa emitido por la Contraloría, las irregularidades se detectaron durante el desarrollo de la auditoría fiscal del año 2022, cuando el cargo de gobernador era ocupado por Carlos Eduardo Caicedo Omar. Se sospecha un detrimento patrimonial superior a CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000), cifra que ha generado preocupación en los órganos de control.
El ente de control fiscal examina presuntas irregularidades en la custodia y uso de bienes entregados por la DIAN a la Gobernación del Magdalena, que podrían superar los $5.000 millones.
Las investigaciones se centran en determinar si, en el manejo y custodia de los bienes donados por la DIAN, se cometieron faltas que constituyen un detrimento para el patrimonio público. Además, la Contraloría busca identificar si hay indicios de faltas disciplinarias o penales, debido a la posible pérdida de bienes, el incumplimiento de requisitos legales, y la falta de transparencia en su distribución.
“La Contraloría General del Magdalena ha adelantado este proceso con el fin de establecer las responsabilidades y consecuencias de estas irregularidades en la administración pública”, señala el comunicado. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y la transparencia en su manejo.
Este caso se suma a otros procesos que involucran a la administración del exgobernador Caicedo, quien ha sido objeto de investigaciones relacionadas con el uso de fondos públicos. La Contraloría enfatiza en su comunicado la importancia de «asegurar que los recursos destinados a beneficiar a la población vulnerable del Magdalena se utilicen conforme a la ley»
Vea los dos comunicados emitidos por la Contraloría del Magdalena.
