María Fernanda Cabal critica el Acuerdo de Escazú al considerarlo una amenaza a la soberanía nacional

MARIA FERNANDA CABAL DAC M16 web

María Fernanda Cabal ha lanzado duras críticas al Acuerdo de Escazú, aprobado recientemente, al considerar que compromete la soberanía nacional de Colombia y representa una amenaza para su autonomía. A través de su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), la senadora expresó su postura en un mensaje contundente:

«Con el Acuerdo de Escazu, se acaba de aprobar el acta de defunción de nuestra autonomía como nación y se abre es la puerta a las demandas internacionales. El camino a la pobreza con disfraz de defensa ambiental, quedó asegurado. Siempre defenderé la soberanía de mi país».

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El comentario de Cabal, realizado ayer jueves 29 de agosto, hace referencia a su preocupación por los posibles efectos del Acuerdo de Escazú en el desarrollo y la autonomía de Colombia. Este tratado internacional, que busca garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, ha sido objeto de debate desde su aprobación en el Congreso.

Para Cabal, el acuerdo no solo representa una amenaza a la soberanía nacional, sino que también podría implicar una serie de consecuencias legales y económicas para el país. La senadora del Centro Democrático señala que, con su implementación, se «abre la puerta a las demandas internacionales», lo que podría derivar en una carga financiera adicional para Colombia y afectar su desarrollo económico.

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El Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por varios países de América Latina y el Caribe y se considera un paso significativo para la protección de los derechos ambientales en la región. Sin embargo, figuras como Cabal ven en su aprobación una amenaza a la estabilidad y la autonomía nacionales.

Mientras el debate sobre el acuerdo continúa, las declaraciones de Cabal refuerzan la postura de quienes se oponen a su implementación en Colombia, señalando los posibles riesgos de ceder terreno a instancias internacionales en la toma de decisiones que afectan el futuro del país.