La Universidad del Atlántico fue objeto de una visita de inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de evaluar la integridad y transparencia en su administración.
La diligencia, llevada a cabo el 27 de agosto de 2024, comprende una revisión exhaustiva de la gobernanza, administración y finanzas de la institución.
El equipo técnico del Ministerio, compuesto por expertos en inspección y vigilancia, está encargado de verificar el cumplimiento de las normativas que rigen la educación superior en Colombia. La revisión abarca diversos aspectos, incluyendo la estructura financiera general de la universidad, el manejo de las comisiones al exterior, y la transparencia en los contratos, especialmente el contrato de obra de Bellas Artes.
En particular, el componente financiero de la visita se centra en el análisis de los estados financieros de la universidad, los informes de la Contraloría, y los procedimientos de control interno.
El Ministerio solicitó una gran cantidad de documentación para evaluar la gestión de recursos, que incluye detalles sobre las cuentas por cobrar, pasivos, y el estado de las obligaciones tributarias y laborales.
Además de los aspectos financieros y administrativos, la inspección del Ministerio pone un especial énfasis en las políticas de inclusión y apoyo a la comunidad educativa. Se revisan las estrategias implementadas por la universidad para atender a grupos de especial protección constitucional, tales como mujeres, grupos étnicos, personas LGTBIQ+, personas con discapacidad, y víctimas del conflicto armado.
La existencia y eficacia de protocolos para prevenir el suicidio y manejar crisis de salud mental en el campus también serán evaluadas.
Esta intervención del Ministerio de Educación Nacional resalta la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las instituciones de educación superior.
En un contexto donde la corrupción y la ineficiencia pueden comprometer la calidad educativa, la visita busca asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de toda la comunidad académica.
La diligencia podría resultar en nuevas exigencias documentales y en una mayor supervisión, dependiendo de los hallazgos iniciales.
Esta acción refuerza el compromiso del Ministerio de garantizar que las instituciones educativas operen bajo los más altos estándares de integridad y servicio público, asegurando una educación de calidad para todos los colombianos.
