Ana María Castaño no será reinstaurada en su cargo tras revocatoria de tutela; la decisión se sustenta en irregularidades durante su gestión y su cercanía con Olmedo López.
El Tribunal Superior de Bogotá ha revocado la orden que disponía el reintegro de Ana María Castaño al cargo de secretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien era considerada la mano derecha de Olmedo López, involucrado en un escándalo de corrupción dentro de la entidad.
Castaño fue declarada insubsistente por el actual director, Carlos Carrillo, el pasado 1 de abril. Tras su destitución, la exfuncionaria presentó una tutela alegando la violación de sus derechos laborales, enfatizando que su despido ocurrió mientras estaba embarazada, lo que debería garantizarle protección bajo el principio de estabilidad laboral reforzada.
En primera instancia, el Juzgado 31 Penal de Conocimiento de Bogotá falló a favor de Castaño, ordenando su reincorporación al cargo en un plazo de 48 horas y exigiendo el pago retroactivo de las cotizaciones a seguridad social y salud desde su desvinculación.
No obstante, al revisar el caso, el Tribunal Superior determinó que «la insubsistencia se presentó no sólo porque ejercía un cargo de dirección y confianza —que amerita un tratamiento especial—, lo cual es permitido, sino también debido a las múltiples situaciones irregulares advertidas al interior de la entidad durante el tiempo en que la quejosa fungía como secretaria general, ocupando el segundo cargo más importante de la Unidad, donde debía prevalecer, como ya se dijo, el elemento de confianza».
La llegada de Carlos Carrillo como nuevo director de la Unidad de Gestión del Riesgo generó dudas sobre la permanencia de Castaño en su cargo, especialmente por su cercanía con Olmedo López, a quien se le vincula con presuntos actos de corrupción. Carrillo justificó la decisión de declarar insubsistente a Castaño argumentando que existía una «supuesta intención de sabotaje».
Castaño, en respuesta a su destitución, argumentó que dicha decisión violaba sus derechos, no solo por encontrarse en estado de embarazo sino también porque se le debía garantizar la estabilidad laboral que este estado le confiere. A pesar de esta defensa, el Tribunal decidió en su contra, fundamentando su fallo en las irregularidades detectadas durante su desempeño y la necesidad de mantener la confianza en los altos cargos de la entidad.
