Funcionarios de la Alcaldía de Medellín y EPM, bajo la gerencia de Jorge Carrillo, están bajo la lupa por un millonario contrato con la empresa canadiense Canacol.
La Procuraduría General de la Nación ha anunciado la apertura de una indagación preliminar contra funcionarios aún no identificados de la Alcaldía de Medellín, liderada por Daniel Quintero, y de Empresas Públicas de Medellín (EPM), bajo la gerencia de Jorge Carrillo, debido a posibles irregularidades en un contrato firmado con la empresa canadiense Canacol para la adquisición de gas. Este acuerdo, que supera los 5 billones de pesos, tiene como fin garantizar el suministro del recurso durante la próxima década en la capital antioqueña, e incluye la construcción de un gasoducto entre los departamentos de Córdoba y Sucre.
El organismo de control explicó que investigará las circunstancias de esta negociación, gestionada por el exalcalde Quintero, que sin explicaciones claras habría excluido a Promigas, una empresa del grupo energético de Bogotá, del proyecto de construcción del gasoducto. Además, la Procuraduría analizará los antecedentes de la contratación que seleccionó a la firma Shangai Engeniering Technology Corp – Setco, constituida en Panamá apenas 12 días antes de la firma del contrato y con antecedentes en el negocio de la alimentación.
Con esta indagación, el ente de control busca «individualizar a los responsables y determinar la ocurrencia de la conducta», así como establecer si la misma configura una falta disciplinaria o si los involucrados actuaron dentro de los márgenes de la ley y bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Este polémico contrato fue denunciado a través de redes sociales y forma parte de los hallazgos que la administración del exalcalde Federico Gutiérrez entregó a las autoridades competentes. La investigación también examinará cómo se gestionaron los acuerdos y si hubo transparencia en la elección de las empresas involucradas en este millonario proyecto de infraestructura.
