El Tribunal Administrativo del Atlántico aprueba medidas cautelares mientras el Ministerio de Minas y la CREG solicitan una ampliación del plazo para las actuaciones.
La reciente decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico de aprobar medidas cautelares para la Acción Popular presentada por los personeros distritales de Barranquilla y Santa Marta marca un hito importante en la lucha contra el régimen especial tarifario en la Región Caribe. Esta medida es la primera respuesta judicial a una serie de demandas aún pendientes ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre el mismo tema.
Los personeros de estas ciudades han solicitado la modificación o derogación del régimen especial tarifario impuesto por las empresas de servicios AIR-E y Afinia, el cual ha generado cargas económicas considerables para los usuarios de la región. En respuesta, el Tribunal ha dispuesto medidas cautelares que incluyen la elaboración de un Pacto de Cumplimiento entre las partes involucradas y la convocatoria de una Audiencia Pública presencial en Barranquilla. Esta audiencia, que contará con la participación de la CREG, el Ministerio de Minas, la Presidencia de la República, los accionantes y otros actores regionales, servirá para abordar en profundidad el régimen tarifario. Se espera que cinco días después de la audiencia, se inicie la redacción de una nueva resolución destinada a aliviar las tarifas para los usuarios de la Costa Atlántica.
Esta mañana se informó que el Ministerio de Minas y la CREG han presentado una apelación solicitando una extensión del plazo para la implementación del Pacto de Cumplimiento y la Audiencia Pública. Al parecer, el Tribunal Administrativo ha concedido esta apelación.
La Liga Nacional de Usuarios ha presentado un documento de coadyuvancia en apoyo a la Acción Popular de los personeros. La organización se ha unido a la demanda de modificación del régimen tarifario y ha iniciado una intensa campaña de apoyo a nivel nacional y en la Costa Caribe. Esta campaña incluye la promoción de asambleas y movilizaciones para exigir al Gobierno Nacional, al Ministerio de Minas y a la CREG que demuestren con acciones concretas su compromiso para resolver esta problemática, la cual ha sido esquiva hasta ahora.
Norman Alarcón Rodas, Coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Región Caribe, destacó la importancia de estas acciones en un comunicado desde Barranquilla, fechado el 29 de agosto de 2024.
