La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de su superintendente, Cielo Rusinque, ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Disciplina Judicial por presuntas irregularidades en varios contratos de prestación de servicios suscritos con el abogado Fabio Andrés Humar.
Según lo expuesto por la superintendente Rusinque, estos contratos, firmados entre los años 2020 y 2022, involucran un monto total que supera los $1.400 millones de pesos. «Pongo en conocimiento de la opinión pública la denuncia que he radicado ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de disciplina judicial, para que se adelanten las investigaciones a las que haya lugar por los graves de los que he tenido conocimiento», declaró a través de su cuenta de X.
La funcionaria resaltó que dichos contratos presentan montos «exorbitantes» y se habrían llevado a cabo de forma simultánea en diferentes dependencias de la Superintendencia. Las sospechas de irregularidades se basan en la existencia de hasta tres contratos ejecutados por el abogado en un mismo periodo de tiempo, firmados con varias áreas de la entidad, y la falta de justificación en los informes de ejecución entregados por Humar. «Además del monto exorbitante de los honorarios pagados, de la simultaneidad -hasta tres contratos ejecutados en un mismo periodo- y de ser firmados con diferentes dependencias de la entidad, al revisar los informes de ejecución presentados por el contratista se constatan un conjunto de posibles irregularidades que han encendido nuestras alarmas», puntualizó Rusinque.
Entre las posibles irregularidades que la Superintendencia ha solicitado investigar se encuentra el hecho de que Humar habría incluido como actividades mensuales la simple suscripción de su propio contrato, lo que resulta cuestionable para la entidad. Adicionalmente, se señalan otras prácticas sospechosas, como «el envío de correos electrónicos con ‘documento/informe en la materia’ sin anexar los soportes del correo electrónico y el mismo documento». También se ha identificado la presentación de informes que mencionan actividades que aún no se han realizado, como la «asistencia a reuniones o capacitaciones a realizar con POSTERIORIDAD al mes objeto del informe», y otros donde «no se reportan ninguna actividad ejecutada».
El escándalo también ha llevado a la Red de Veedurías de Colombia a presentar una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. En su denuncia, la red expone que Fabio Andrés Humar, además de ser el representante legal de la empresa Helicol, no solo defendía a esta compañía sino que también asesoraba al juez del caso, lo que generó un conflicto de interés al convertirse en contraparte de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que también le pagaba por sus servicios.
La denuncia presentada por la SIC, junto con la queja de la Red de Veedurías, marca un nuevo capítulo en la investigación sobre las actuaciones del abogado Fabio Andrés Humar y la legalidad de los contratos que ha suscrito con distintas entidades del Estado. La Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Disciplina Judicial ya están en el proceso de adelantar las investigaciones correspondientes.
