Este miércoles, la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia se reunirá para analizar la legalidad de la ley que ratificó el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional centrado en la protección de los líderes ambientales, el acceso a la información y las consultas previas para proyectos con impacto ambiental.
El Acuerdo de Escazú, que busca fortalecer la transparencia ambiental y la participación pública en América Latina y el Caribe, ha sido objeto de revisión por parte de autoridades ambientales y organizaciones sociales que han presentado sus conceptos ante la Corte. En su mayoría, estos conceptos abogan por la ratificación de la ley aprobada por el Congreso en 2022.
La Procuraduría General de la Nación ha respaldado la legalidad del acuerdo. En su concepto, el organismo solicitó a la Corte que confirme la validez de la ley, argumentando que las disposiciones del Acuerdo de Escazú, orientadas a mejorar el acceso a la información y la justicia ambiental, son compatibles con los principios de la ‘Constitución Ecológica’.
El viceprocurador Silvano Gómez destacó que las medidas del tratado son razonables para guiar al público en el ejercicio de sus derechos ambientales. «Así como debe extenderse a la discusión de temas relacionados con el ordenamiento del territorio, la elaboración de políticas, planes, estrategias y reglamentos, incluso a las negociaciones internacionales que puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente”, señala el documento de la Procuraduría.
Gómez también enfatizó que el Acuerdo de Escazú cumple con los mandatos constitucionales para la protección de los líderes ambientales, asegurando un entorno seguro para su labor. Además, la ley es considerada conforme a los procedimientos parlamentarios establecidos por la Constitución, incluyendo las consultas previas y los requisitos de impacto fiscal.
Este análisis de la Corte Constitucional será determinante para la continuación de la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia, con implicaciones significativas para la gestión ambiental y la participación ciudadana en el país.
