Gobierno radicó proyecto de Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria

En el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, de Justicia Ángela María Buitrago y de Agricultura Martha Carvajalino radicaron ante el Senado de la República el proyecto de ley para reglamentar la Jurisdicción Agraria y Rural.

De acuerdo con el gobierno, la iniciativa que cuenta con un amplio apoyo por parte de congresistas, sectores sociales y campesinos, busca determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, como aquellos por la posesión y tenencia de la tierra, por servidumbres agrarias, por deslinde y amojonamiento de predios agrarios y los que surjan de las actividades de producción agrarias, entre otros.

Según lo explicó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, el proyecto establece las reglas especiales para que los procedimientos judiciales sean expeditos y garantistas.

En esa línea, señaló que se trata de una apuesta de la justicia agraria para fortalecer la paz.

“Es la apuesta que nos va a permitir decir que tenemos reglas claras, procedimientos claros, y un funcionario de la rama Judicial del Poder Público autónomo, independiente, y elegido por mérito, al servicio de la solución de los conflictos agrarios, para que propietarios, ocupantes y poseedores se sientan tranquilos”, anotó.

Así mismo, explicó que con la iniciativa el Gobierno Nacional quiere decirle al Congreso que permita aislar los miedos, “que no sean los mitos, que no sea la angustia, que no sea el terror mediático el que defina el rumbo de la justicia agraria”, indicó.

Detalló la alta funcionaria, que no solamente
es un deber con la justicia haber coadyuvado este proceso, “sino una necesidad de hacer cierto algo que históricamente ha sido negado dentro del Estado colombiano y es importante cumplirle al campo y cumplirle al campo es cumplirle a la vida. Esto es justicia social porque debemos entender que aquí existe el derecho a semilla y a la tierra”, puso de presente.

Por su parte, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo Bustos, explicó que se trata del primer proyecto de ley que se presenta en este periodo legislativo que comenzó el pasado 20 de julio.

Cristo Bustos, manifestó satisfacción con la propuesta por varios motivos, entre ellos, porque interpreta y representa cabalmente el compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro con el campo colombiano, con la Reforma Rural, con la Reforma Agraria como elemento fundamental e indispensable para avanzar en el propósito de lograr una mayor igualdad en la sociedad colombiana y cerrar las brechas entre el campo colombiano y los centros urbanos del país.

Así mismo, porque significa el compromiso “del Gobierno relanzado en las últimas semanas, en los últimos meses, con la implementación del Acuerdo de Paz del 2016 con las FARC”, manifestó.

Destacó además, que en la presentación estuviese presente quien fue el jefe del equipo negociador de esa negociación con las extintas Farc y hoy miembro de la Comisión Primera del Senado, el senador Humberto de la Calle.

De acuerdo con el jefe la cartera política, lo agrario hace parte del primer punto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto el cual ha comprendido un ciclo que comenzó con el Acto Legislativo, siguió con la Ley Estatutaria y ahora concluye con la Ley Ordinaria para reglamentar la Jurisdicción Agraria.

“Esperamos tener el año entrante en Colombia jueces agrarios. Parece mentira que no los hayamos tenido después de tantos años de conflicto. Es un gran avance que haya un procedimiento que los jueces puedan resolver los conflictos de tantas décadas en el campo colombiano”, puntualizó.

A su turno, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, indicó que el proyecto busca saldar la deuda histórica con la población rural, al “acercar la justicia a los territorios olvidados» y “unir el derecho a la justicia agraria al derecho a la dignidad y a la vida digna de los campesinos y comunidades étnicas».

En esa línea, señaló que el proyecto contiene herramientas que garantizan “el acceso a la justicia para evitar que los conflictos sean resueltos de manera violenta», mediante principios de “derecho a la tierra y derecho a la semilla”, destacó finalmente la alta funcionaria.