La Comisión de Disciplina Judicial ha cerrado el proceso disciplinario que se seguía en contra del fiscal Daniel Hernández, quien fue acusado de presuntamente amenazar al excongresista Otto Bula para restringir sus declaraciones en el marco del caso Odebrecht. Esta decisión se tomó tras concluir que no existían pruebas suficientes que corroboraran las acusaciones.
El proceso comenzó luego de que Bula denunciara que en junio de 2022, Hernández lo habría abordado para expresarle que «altos funcionarios estaban preocupados por sus conversaciones confidenciales» relacionadas con el escándalo de Odebrecht, lo que Bula interpretó como una forma de intimidación. A pesar de estas afirmaciones, la Comisión de Disciplina Judicial determinó que no hubo testigos ni evidencias que respaldaran las acusaciones, lo que llevó a la decisión de archivar el caso tanto para Hernández como para Álvaro Betancourt, otro funcionario también involucrado en la investigación.
El documento oficial sostiene que las declaraciones de Otto Bula «no resultan creíbles porque, aunque contiene algunos detalles de las circunstancias en que ocurrió el posible hostigamiento, presenta inconsistencias internas». Por ejemplo, Bula mencionó que no había dado ninguna declaración oficial, pero luego aseguró que sus testimonios estaban documentados, lo que generó dudas sobre la veracidad de sus palabras.
Además, la resolución subraya que «no existe coherencia en su relato con el del fiscal Mario Hernán Barahona Trujillo, que afirmó que fue el señor Bula quien solicitó saludar al fiscal Daniel Hernández y, que una vez allí, se saludaron cordialmente». Estas contradicciones fueron determinantes para que la Comisión desestimara las acusaciones y concluyera que la presunta amenaza no cumplía con los requisitos legales para ser considerada como tal, ya que no afectó el ánimo ni doblegó la voluntad de Bula.
Aunque este proceso ha sido archivado, Daniel Hernández aún enfrenta un juicio en la Corte Suprema de Justicia, donde se busca establecer su presunta responsabilidad en delitos de prevaricato y amenaza a testigos. Los magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia han rechazado una solicitud de nulidad en este caso, lo que indica que el funcionario continuará bajo escrutinio judicial.
