En el año 1997, la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba aprobó una compra masiva de tierras en Urabá, obligando a los campesinos a vender sus propiedades a cambio de pagos irrisorios.
Esto fue parte de una estrategia de despojo organizada en alianza con las autodefensas unidas de Colombia. La complicidad se extiende al Gobierno Nacional, ya que algunos directivos del Fondo Ganadero estuvieron directamente implicados.
Sor Teresa Gómez, cuñada de los paramilitares Castaño Gil y representante de Fumpascor, fue la encargada de presionar a los campesinos para que vendieran sus tierras mediante intimidaciones y engaños. Las víctimas se vieron obligadas a vender sus bienes en municipios como Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.
En primera instancia, fueron condenados Carlos Enrique Sotomayor y Orlando Enrique Fuentes, miembros de la junta directiva del Fondo Ganadero, así como los notarios Miguel Francisco Puchey María Inés Cadavid Restrepo, exfuncionaria del Incora.
La sentencia en segunda instancia está pendiente y los detalles completos de la investigación están disponibles en nuestro enlace.
CNMH reveló en 2022 detalles sobre el paramilitarismo en Urabá
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha presentado su informe número 13, destacando el impacto del paramilitarismo en Urabá, sur de Córdoba, Bajo Atrato y Darién.
La investigación, basada en 14,000 entrevistas a excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, ofrece un panorama exhaustivo sobre el fenómeno paramilitar en estas regiones.
El informe analiza tres fases claves: los antecedentes en los años 70 y 80, el desarrollo en los años 80 y principios de los 90, y la consolidación con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, subrayando el reclutamiento forzado, el uso del terror y la influencia en actividades económicas extractivas.
JEP busca esclarecer el despojo de estas tierras
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha convocado a exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba para esclarecer el despojo de más de 40,000 hectáreas en la región de Tulapas durante los años 90 y 2000.
La audiencia, celebrada el 19 de septiembre de 2023, busca ajustar el régimen de condicionalidad para estos exfuncionarios y examinar su papel en el proceso de despojo. La región sufrió desplazamientos forzados y afectaciones graves debido a manipulaciones notariales y la colaboración con palmicultores y grupos paramilitares.
Mientras tanto, los Fondos Ganaderos enfrentan una grave crisis por corrupción y desuso.
En 2011, se reportó que la estructura de los fondos, creada en los años 60 para fomentar la ganadería, se redujo drásticamente de un millón a 20,000 cabezas de ganado.
El Fondo Ganadero de Córdoba es el más afectado, con un déficit de 3,060 millones de pesos.
La Superintendencia de Sociedades ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre la situación económica de los fondos, revelando problemas financieros y la implicación de narcotraficantes en algunos casos.
