¿A dónde fueron los $24.000 millones en títulos judiciales que nunca regresaron a las arcas de Cartagena?

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó a Jorge Carrillo Padrón, exjefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Cartagena, y a los abogados Jorge Blell Cervantes y Analicia Martelo Del Río, en medio de una investigación por $24.000 millones del Distrito que terminaron en bolsillos privados.

Los capturados tienen conocidas relaciones con la poderosa casa política Blel, que lidera el exsenador Vicente Blel Saad —condenado por parapolítica y con influencia directa en la Gobernación de Bolívar desde 2020—, y con el exalcalde de Cartagena Antonio Quinto Guerra Varela.

A estas personas la Fiscalía les imputó el delito de peculado por apropiación, han estado por fuera de la agenda mediática cartagenera.

Martelo fue capturada la semana pasada en la capital de Bolívar y Blell se entregó este martes. Ambos fueron trasladados a la sede de la Fiscalía en Canapote, desde donde Blel fue remitido a la clínica psiquiátrica La Misericordia, propiedad de su hermana Viviana Blell Cervantes, donde permanece internado.

Los títulos judiciales, por los que ahora Carrillo, Blell y Martelo están en el banquillo de los acusados, se cobraron entre 2018 y 2019, cuando el primero se desempeñó como Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Cartagena.

Carrillo llegó a ese cargo en mayo de 2018, de la mano del entonces alcalde Antonio Quinto Guerra Varela, quien se alzó en las elecciones atípicas de ese año, con el apoyo de toda la clase política cuestionada de Bolívar. Después, cuando Guerra salió inhabilitado de La Aduana, fue ratificado en ese cargo por los gobiernos interinos de Yolanda Wong y Pedrito Pereira Caballero.

Resulta que como Jefe de la Oficina Jurídica, Carrillo les otorgó poder a los abogados Blell y Martelo para recuperar los depósitos judiciales de la Alcaldía de Cartagena.

Esos son unos dineros a favor del Distrito por procesos ejecutivos en su contra, que reposan en el Banco Agrario, única entidad autorizada para manejar las cuentas de los juzgados en Colombia.

Los abogados debían hacer los trámites necesarios para que los juzgados “ordenaran la devolución de los títulos”, se lee en varios de los oficios a los que La Contratopedia tuvo acceso y forman parte de la investigación de la Fiscalía.

En esos documentos, que envió a los juzgados, el entonces Jefe de la Oficina Jurídica les otorgó facultades a los abogados para “recibir, cobrar, asistir…” en representación del Distrito.

Los poderes que emite la Oficina Jurídica de la Alcaldía en la actualidad prohíben que los abogados apoderados del Distrito reciban o fraccionen títulos judiciales.
Durante la administración de Dau, el mismo mandatario gestionaba los cobros ante el Banco Agrario, y ahora en la de Dumek Turbay quien hace esa gestión es el jefe jurídico Milton Pereira. En otras palabras, en ambos gobiernos ese trámite lo asumieron miembros clave del gabinete y no contratistas.

Un título debidamente emitido debe salir a nombre del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, como este de agosto de 2022, por $2.578 millones.

Por el contrario, entre 2018 y 2019, los abogados Blell y Martelo les enviaron a los juzgados oficios para solicitar que los títulos salieran a su nombre. Peticiones que hicieron gracias a las facultades otorgadas por Carrillo, como se evidencia en el siguiente oficio.

Fue así como los jueces le ordenaron al Banco Agrario el pago de los depósitos a cualquiera de los dos abogados delegados por el entonces Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía.

Por ejemplo, en documentos a los que tuvo acceso La Contratopedia se evidencia cómo un título salió a nombre de Blel en febrero de 2019, por $1.296 millones, y otro a nombre de Martelo, en marzo de 2019, por $473.919.871.

Blel cobró 50 títulos, por $13.470 millones; Martelo, 72 títulos, por $10.575 millones.

Tanto el exjefe de la Oficina Jurídica del Distrito Jorge Carrillo como el abogado contratista Jorge Blell Cervantes llegaron a la Alcaldía de Cartagena de la mano de cuestionados políticos de Bolívar.

Carrillo fue nombrado por el alcalde Antonio Quinto Guerra Varela, en mayo de 2018.

“Él llegó porque Quinto lo conoce desde hace tiempo. Además, una hermana de Jorge (Carrillo) está casada con un sobrino de Quinto”, le dijo a La Contratopedia un político activo de Bolívar, para explicar la relación entre ambos.

Aunque Guerra no alcanzó a estar ni un mes como alcalde, Yolanda Wong y Pedrito Pereira, quienes lo reemplazaron como mandatarios encargados, lo mantuvieron como su cuota burocrática.

Blell Cervantes logró convertirse en contratista de la Oficina Jurídica del Distrito con el apoyo de su primo el exsenador Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica (aunque su apellido se escribe distinto porque así quedó registrado en su cédula, Blell Cervantes pertenece al mismo tronco familiar).

Viviana aspiró avalada por el Partido de Integración Nacional (PIN), pero se ahogó en las elecciones de marzo de ese año.

Aunque hasta ahora las audiencias del proceso en contra de Carrillo, Blell y Martelo son reservadas y pocos son los detalles que se conocen, este nuevo caso de corrupción en Cartagena aumenta la desconfianza ciudadana en su ya deslegitimada clase política local.

[Fuente: La Contratopedia]