La Red de Veedurías de Colombia denuncia posibles violaciones éticas y conflicto de intereses en la actuación del abogado Fabio Andrés Humar Jaramillo, representante legal de Helicol.
En medio de un escándalo que ha generado revuelo en el ámbito legal, la Red de Veedurías de Colombia ha elevado una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá contra el abogado Fabio Andrés Humar Jaramillo, quien representa legalmente a la empresa Helicol. La denuncia surge en medio de crecientes preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses y violaciones a la ética profesional.
Según la Red de Veedurías, el abogado Humar, además de defender los intereses de Helicol, asesoraba al juez encargado del caso, lo que lo colocaba en una posición contrapuesta a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). De acuerdo con la red, este hecho es particularmente grave, ya que la SIC, aparentemente, también le pagaba por sus servicios, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la ética de sus acciones.
El caso comenzó a acaparar la atención pública en marzo de 2023, cuando, por instancias del abogado Humar, la Superintendencia de Industria y Comercio intervino en las oficinas de Ecopetrol y dos de sus filiales. El propósito de esta intervención era investigar presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de contratos a empresas que operaban en la región de la Orinoquía, la compra de vehículos blindados y posibles prácticas anticompetitivas en la contratación de servicios de transporte aéreo con la empresa Helistar.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, calificó este caso como una «clara violación a la ética profesional» y subrayó que podría tratarse de un serio conflicto de intereses. «Este no es un simple caso de ‘silla giratoria’, sino de ‘hélice giratoria’, y por eso hemos decidido actuar», declaró Bustos, haciendo alusión a la gravedad de la situación.
Además, Bustos afirmó que Fabio Andrés Humar facilitó la realización de diversas diligencias administrativas en entidades públicas, donde se incautó información de computadores y teléfonos celulares. A pesar de estas acciones, la Fiscalía decidió archivar la denuncia presentada por Humar, concluyendo que no había base jurídica suficiente para sustentarlas.
Las acciones de Humar, según la queja de la Red de Veedurías, «atentan contra el decoro profesional y las normas que rigen la conducta de los abogados, especialmente cuando se trata de contratistas de entidades públicas», señaló Bustos. La organización espera que las autoridades investiguen a fondo el caso y determinen si las acciones de Humar constituyen faltas disciplinarias que merezcan sanciones.
La denuncia presentada es un llamado a las instituciones para que se esclarezca la verdad y se garantice la transparencia en el ejercicio de la abogacía, especialmente en casos donde se manejan intereses tan delicados como los que involucran a Helicol y la Superintendencia de Industria y Comercio.
