El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se encuentra en el ojo del huracán tras su decisión de convalidar la controvertida victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, anunció que el tribunal, tras una revisión exhaustiva del proceso electoral solicitada por el propio Maduro, había decidido validar los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmando a Maduro como el ganador.
Esta decisión ha desatado una nueva oleada de críticas tanto a nivel nacional como internacional. La oposición venezolana y diversas organizaciones internacionales han denunciado una vez más la falta de independencia del máximo órgano judicial del país, señalando que el TSJ actúa en complicidad con el gobierno de Maduro para mantenerlo en el poder.
El TSJ argumentó que su revisión certificó de manera “inobjetable” el material electoral y que no encontró irregularidades que pudieran poner en duda el triunfo de Maduro. Sin embargo, los detractores de la decisión aseguran que el tribunal está siguiendo un patrón de sentencias que, sistemáticamente, favorecen al oficialismo.
En el ámbito internacional, la Misión Independiente de Verificación de Hechos de Naciones Unidas en Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación por lo que consideran una falta de independencia y un uso indebido del sistema judicial para silenciar a la oposición.
Por su parte, el gobierno venezolano ha defendido la actuación del TSJ, calificándola como un acto de alta institucionalidad que refuerza la democracia del país. Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación, señaló que la decisión del tribunal es un reflejo del carácter republicano de las instituciones venezolanas.
Las dudas sobre la imparcialidad del TSJ también se ven alimentadas por la forma en que fueron designados sus actuales magistrados, todos ellos nombrados por parlamentos dominados por el chavismo. Además, varios de estos jueces tienen vínculos directos con el oficialismo, lo que refuerza las críticas sobre la falta de independencia del tribunal.
Mientras tanto, Venezuela sigue sumida en una profunda crisis política, con una oposición que rechaza los resultados oficiales y una comunidad internacional que sigue de cerca la situación del país.
La validación del triunfo de Maduro por parte del TSJ, lejos de apaciguar las tensiones, parece haberlas exacerbado, dejando en el aire la pregunta de si el sistema judicial venezolano puede actuar con la independencia que exige la Constitución.
