Una coalición de 16 estados liderados por republicanos ha presentado una demanda contra la administración del presidente Joe Biden, buscando bloquear un nuevo plan de regularización que podría beneficiar a aproximadamente 500,000 inmigrantes indocumentados, junto con cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien encabeza la iniciativa, argumentó que el plan, conocido como «Keeping Families Together» (Mantener a las Familias Unidas), infringe la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las leyes de inmigración del país.
La demanda ha sido presentada en un tribunal federal, y su objetivo es detener la implementación del programa, que comenzó a recibir inscripciones la semana pasada.
El plan de Biden, basado en la política de «Parole in place», otorga a los inmigrantes un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos y les brinda protección contra la deportación.
Además, permite a los beneficiarios obtener un permiso de trabajo y, lo más importante, iniciar el proceso de residencia permanente sin tener que abandonar el país. Para ser elegibles, los solicitantes deben haber vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años y estar casados antes del 17 de junio de 2024.
A pesar de los beneficios que ofrece el programa, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de sectores ultraconservadores, que lo acusan de ser una estrategia política para asegurar la reelección de Biden.
America First Legal, una organización dirigida por Stephen Miller, exasesor de política migratoria bajo la presidencia de Donald Trump, se ha sumado a la demanda. El caso también nombra al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su secretario Alejandro Mayorkas, y otros funcionarios de la Casa Blanca como parte de los acusados.
Los estados involucrados en la demanda incluyen Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming. Los demandantes buscan frenar un programa que, según ellos, representa una violación de las leyes estadounidenses y un riesgo para la seguridad nacional.
