Gracias a la estrategia Compromiso Colombia, la Contraloría General de la República ha logrado rescatar 60 proyectos en el departamento de Bolívar, valorados en casi $90.000 millones.
Entre estos proyectos se destacan los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Zambrano, Arroyohondo, Córdoba y San Juan Nepomuceno, así como las Unidades Primarias de Atención en Salud (UPA) en Barú, Arroyo de Canoas, Puerto Rey y la Institución Educativa Villas de Aranjuez.
A pesar de estos avances, la Contraloría ha identificado 84 proyectos activos en Bolívar que aún presentan problemas significativos, con un valor total que supera los $411.000 millones.
Entre los más preocupantes se encuentran la concesión para la construcción de la Vía Transversal Barú, con una inversión de $60.042 millones, la construcción de 22 Centros de Desarrollo Infantil en Barranco de Loba, valorados en $22.950 millones, y la infraestructura hospitalaria en Cartagena DADIS (UPA El Pozón), con un costo de $22.385 millones. Estos proyectos han sido calificados como «elefantes blancos», es decir, obras costosas que no han cumplido con sus objetivos.
Los sectores con mayor riesgo de inversión en Bolívar incluyen Salud y Protección Social, con 20 proyectos valorados en $114.783 millones; Educación, con 20 proyectos por $90.491 millones; y Agua Potable y Saneamiento Básico, con 10 proyectos que suman $23.856 millones.
Además, la Contraloría ha iniciado una investigación preliminar para determinar la posible pérdida de más de $23 mil millones en la construcción de una infraestructura modular en la cárcel de Cartagena.
Esta obra, que se pagó en 2020, sigue sin uso, lo que ha generado preocupación por un posible detrimento patrimonial.
Otro proyecto en la misma cárcel, el centro de preparación y distribución de alimentos, también está bajo investigación. A pesar de haber sido pagado y entregado en 2022, aún no ha sido puesto en funcionamiento debido a la falta de equipos necesarios, lo que ha generado un perjuicio de $1.148 millones.
Por último, la Contraloría emitió un fallo de responsabilidad fiscal por $1.848 millones relacionado con el mal uso de recursos de regalías en un proyecto de saneamiento básico en Cantagallo, Bolívar.
Las obras, iniciadas en 2008, quedaron inconclusas, lo que llevó a un fallo en contra de varios exfuncionarios y representantes de la empresa contratista e interventoría.
