El sistema de salud en Colombia atraviesa una crisis sin precedentes. Según el reciente informe del Observatorio Así Vamos en Salud, titulado “Acceso y Oportunidad: Objetivos de la Calidad en Salud“, se ha registrado un alarmante incremento en el número de tutelas y PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) presentadas por fallos en la atención en salud.
Durante el primer cuatrimestre de 2024, las tutelas relacionadas con la atención en salud aumentaron un 42,2% en comparación con el mismo período del año anterior.
El aumento más significativo se ha visto en las tutelas por falta de oportunidad en la prestación de servicios esenciales. Las tutelas para procedimientos médicos aumentaron un 49,7%, las relacionadas con el suministro de medicamentos un 77,5%, y las referidas a la asignación de citas un 70,2%. Estos números son el reflejo de un sistema en colapso, donde miles de colombianos se ven obligados a recurrir a la tutela para proteger su derecho fundamental a la salud.
En total, se presentaron 84.445 tutelas en los primeros cuatro meses de 2024, un incremento del 42,2% respecto al mismo período en 2023, cuando se registraron 59.371 tutelas. De igual forma, las PQRS también aumentaron significativamente, alcanzando 505.991, lo que representa un incremento del 11% en comparación con el mismo período de 2023.
Acemi y la Exigencia de Más Recursos: ¿Una Justificación Válida?
Ante esta situación, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a las EPS del régimen contributivo, justificó este aumento de quejas argumentando que es consecuencia del deterioro financiero y prestacional del sistema de salud. Según Acemi, el Gobierno debe adoptar medidas urgentes para afrontar la crisis, en otras palabras, exigen más recursos.
Esta confrontación entre Acemi y el presidente Gustavo Petro no es nueva. Se intensificó tras la presentación en el Congreso del Proyecto de Ley de Reforma a la Salud, que proponía la casi total desaparición de las EPS como aseguradoras del sistema de salud colombiano. Curiosamente, el deterioro de los servicios prestados por las EPS y el aumento de quejas y tutelas parecen haber ido de la mano con esta confrontación.
Desde 2023, las EPS han solicitado al Gobierno un aumento considerable de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), argumentando que la crisis que atraviesan es producto de la desfinanciación del sistema. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿realmente necesitan más recursos o es una estrategia para desviar la atención de su propia mala gestión?
Reservas Técnicas: El Gran Silencio de las EPS
Lo que resulta más alarmante es el silencio de las EPS sobre el destino de los recursos de la UPC en los últimos años. La Contraloría General de la República ha señalado que “se identificaron excedentes operacionales por valor de $6.81 billones para el año 2020, $3.68 billones para 2021 y $1.08 billones para 2022”. Además, se evidencian hallazgos fiscales por $6 billones en 24 EPS por ‘presunta indebida destinación’ de los recursos de la UPC en 2020, y $5.3 billones cuya incidencia fiscal será objeto de indagación preliminar.
Tampoco han dado explicación alguna sobre las reservas técnicas que no ampararon. Según la Contraloría, con corte a octubre de 2023, solo cinco de las 26 EPS que reportaron información cumplen con el requisito de reservas técnicas, una obligación que exige la ley para operar adecuadamente.
De acuerdo con el Decreto 780 de 2016, las reservas técnicas son activos que dan seguridad y liquidez al asegurador; con ellas, en el momento en que sea preciso, las EPS pueden pagar a su red de prestadores. En otras palabras, estas reservas son fundamentales para garantizar que las EPS puedan cumplir con sus compromisos financieros con las IPS. El experto en salud, Vicente Calvo, ha denunciado repetidamente el despilfarro que las EPS han hecho con los recursos de las reservas técnicas, señalando que este incumplimiento es una violación descarada a una norma fundamental del sistema de aseguramiento y solvencia.
Conclusión: La Urgencia de una Reforma Real
La crisis del sistema de salud en Colombia no es solo un problema financiero, sino un reflejo de la corrupción y la ineficiencia que han plagado a las EPS durante años. Es imperativo que se adopten medidas drásticas para reformar el sistema y garantizar que los recursos destinados a la salud de los colombianos se utilicen de manera transparente y eficiente. La salud es un derecho fundamental, y es inaceptable que siga siendo objeto de manipulación y lucro por parte de unos pocos.
