El Concejo de Medellín aprobó hoy, 21 de agosto de 2024, en segundo debate la enajenación de las acciones que Empresas Públicas de Medellín (EPM) posee en Tigo-UNE. La decisión fue tomada con una votación de 16 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Esta medida permitirá a EPM iniciar un proceso de hasta 18 meses para completar su salida del mercado de las comunicaciones.
Los concejales que respaldaron la venta son Alejandro de Bedout Arango, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, Andrés Felipe Tobón Villada, Carlos Alberto Gutiérrez Bustamante, Claudia Victoria Carrasquilla Minami, Damián Pérez Arroyave, Juan Carlos de la Cuesta, Leticia Orrego Pérez, Luis Guillermo Vélez Álvarez, María Paulina Suárez Roldán, Miguel Iguarán Osorio, Santiago Narváez Lombana, Santiago Perdomo Montoya, Sebastián López Valencia, Janeth Hurtado Betancur y Alejandro Arias García.
En contra de la enajenación votaron los concejales Juan Carlos Upegui Vanegas, José Luis Marín Mora, Farley Jhaír Macías Betancur, Juan Ramón Jiménez Lara y Brisvani Alexis Arenas Suaza. Estos críticos expresaron preocupaciones sobre el impacto en el patrimonio público y la falta de una valoración detallada de la empresa antes de su venta.
Destinación de los Recursos
El alcalde Federico Gutiérrez ha delineado un plan para invertir los recursos obtenidos de la venta en áreas prioritarias para la ciudad, que incluyen:
- Habilidades Digitales: Capacitación en tecnologías clave para la Cuarta Revolución Industrial.
- Innovación y Emprendimiento: Impulso a startups y proyectos tecnológicos a través de instituciones como Ruta N.
- Gestión de Residuos: Implementación de una economía circular y optimización del manejo de desechos.
- Conectividad: Mejora del acceso a internet en espacios públicos de Medellín.
Críticas y Argumentos a Favor
Los defensores de la enajenación argumentan que Tigo-UNE requiere una inversión significativa que EPM no puede asumir sin comprometer su estabilidad financiera. Según los defensores, la empresa registró pérdidas acumuladas significativas entre 2020 y 2023, lo que justifica la venta para proteger el patrimonio público.
Los críticos, en cambio, cuestionan la falta de una valoración clara de Tigo-UNE antes de la venta y advierten sobre el riesgo de perder control sobre un sector estratégico. También expresan preocupaciones sobre la concentración del mercado de telecomunicaciones en manos privadas y cuestionan si el plan de inversión propuesto refleja adecuadamente el objetivo empresarial de EPM o si responde más al plan de gobierno de Federico Gutiérrez.
