El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, anunció recientemente que las obras de construcción de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) en el municipio de Istmina se reiniciarán.
Este proyecto, que alguna vez prometió convertirse en un espacio educativo para 1.300 estudiantes de la región del Pacífico colombiano, hoy en día se erige como un triste ejemplo de corrupción e ineficiencia: un elefante blanco.
Lo que debería haber sido una infraestructura moderna y funcional, destinada a mejorar las oportunidades educativas de los jóvenes chocoanos, no es más que un terreno lleno de malezas, con algunas columnas de concreto abandonadas, símbolos silenciosos de un sueño que la corrupción se encargó de destruir. Los corruptos responsables de este desfalco lograron desviar más de 4.000 millones de pesos, dejando a la comunidad con la esperanza rota y un futuro educativo incierto.
Un Proyecto Fallido Desde su Concepción
El proyecto, iniciado en 2012 con una inversión de $4.100 millones de pesos, se formalizó mediante el contrato 010 de 2013. Sin embargo, lejos de cumplir con las expectativas, las obras quedaron inconclusas. La edificación, que debía haber sido un centro educativo vital para la región, se abandonó en obra gris, a merced de la inclemencia del clima y el olvido estatal.
El escándalo se intensificó cuando, en 2022, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, llevó ante un juez de control de garantías a cinco personas, entre funcionarios y particulares, presuntamente involucradas en graves irregularidades relacionadas con el contrato de construcción de la sede universitaria en Istmina.
Irregularidades que Condenaron el Proyecto
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que el terreno seleccionado para la construcción no era apto para soportar una infraestructura de esta magnitud. Además, se descubrió que las obras se iniciaron sin la debida licencia de construcción y en aparente desconocimiento de las normas de sismo resistencia, lo que puso en riesgo la seguridad de cualquier futuro ocupante de la edificación.
A estas graves fallas se sumó un presunto detrimento patrimonial de $4.100 millones de pesos, recursos que, en lugar de ser utilizados para el desarrollo educativo de la región, fueron a parar a los bolsillos de los corruptos involucrados en el proyecto.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación a los exsecretarios de Infraestructura de la Gobernación de Chocó, Dahaira Castillo Hurtado y Alberto Quintero Barco; al actual secretario de Infraestructura, José María Córdoba Rentería; y al interventor José Albert Lemus Lozano. Además, el secretario de Planeación de Istmina, Deysser Alonso Bonilla Martínez, fue imputado por el delito de prevaricato por acción. Sin embargo, todos los procesados negaron los cargos.
La Contraloría también Toma Acción
En julio de 2022, la Contraloría General de la República emitió un fallo de sanción fiscal por la suma de $2.253 millones de pesos, en forma solidaria, contra tres exgobernadores del Chocó y otros cuatro funcionarios. Este fallo se basó en las graves irregularidades encontradas durante la ejecución del contrato, que iban desde inconsistencias en las medidas del terreno hasta el pago por obras que nunca se realizaron o que se ejecutaron parcialmente, configurando así un daño grave al patrimonio público.
