Cinco personas, entre ellas dos soldados del Ejército Nacional, fueron capturadas por su presunta participación en una red de tráfico de armas que operaba para las disidencias de las Farc.
En un operativo coordinado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Gaula, fueron capturadas cinco personas, incluyendo a dos soldados del Ejército Nacional. Estos individuos están acusados de pertenecer a una red criminal dedicada al tráfico de armas, la cual utilizaba vehículos oficiales para distribuir armamento y municiones a las disidencias de las Farc.
Según la Fiscalía, la red se valía de su acceso a diferentes unidades militares para extraer armas y municiones, las cuales luego eran entregadas a estructuras de las disidencias, principalmente en el oriente del país. «Los operativos de las autoridades de policía judicial fueron adelantados de manera simultánea en diligencias realizadas en Bogotá, Villavicencio (Meta) y en una vía que conduce a Melgar (Tolima)», señalaron las autoridades.
Durante las operaciones, las autoridades incautaron 4.411 cartuchos de diferentes calibres y más de un kilogramo de pasta base de coca. Los detenidos fueron presentados ante los jueces, donde se les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. A pesar de las evidencias presentadas, «estos militares y los demás detenidos no aceptaron los cargos imputados por parte de la Fiscalía General de la Nación».
Los capturados en el desarrollo de estos operativos fueron identificados como los soldados profesionales Yeison Farley Bolaños Noguera y Ángel Alberto Sosa Villamil, además de José Bladimir Bohada, alias Popi; Julio Ernesto Chiquazuque Flórez, quien hizo parte de las desmovilizadas Farc, y Juan Camilo Bonilla Bohórquez.
Las investigaciones han revelado que las armas y municiones sustraídas de los almacenes de los cantones militares del centro del país eran intercambiadas por drogas ilícitas, incluyendo clorhidrato de cocaína y pasta base de coca, que luego eran entregadas a los integrantes de esta red criminal. Este caso subraya la infiltración de elementos corruptos dentro de las fuerzas militares y la gravedad del tráfico de armas en Colombia, un problema que sigue alimentando el conflicto armado en algunas regiones del país.
