El Ministerio de Relaciones Exteriores contacta a Thomas Greg & Sons para explorar una conciliación que permita continuar con la expedición de pasaportes en Colombia tras el 2 de octubre, evitando una millonaria demanda contra el Estado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha iniciado conversaciones con Thomas Greg & Sons, la empresa encargada de la expedición de pasaportes en el país desde 2007, con el objetivo de llegar a una conciliación que permita la continuidad de su servicio después de que venza el contrato actual el próximo 2 de octubre. La Cancillería busca, a través de este acuerdo, evitar la multimillonaria demanda que Thomas Greg interpuso contra el Estado luego de que el Gobierno declarara desierta la licitación para la expedición de pasaportes, a pesar de que la compañía aseguró cumplir con todos los requisitos establecidos.
Fuentes cercanas al proceso confirmaron a un informativo nacional que en las próximas horas se llevarán a cabo mesas de trabajo entre ambas partes, con la presencia de organismos de control, para intentar resolver el conflicto jurídico y asegurar la continuidad del servicio de pasaportes sin interrupciones. Sin embargo, de llegar a un acuerdo, aún se desconoce cómo afectaría este proceso a la convocatoria que ya ha iniciado la Cancillería para seleccionar a un nuevo aliado extranjero encargado de la expedición de estos documentos, en colaboración con una empresa privada y la Imprenta Nacional.
El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, indicó que Colombia ya ha recibido propuestas de países como Canadá, Alemania, Países Bajos y una colaboración conjunta entre Portugal y Francia. La selección de la mejor opción está prevista para esta semana, con la intención de evitar cualquier impacto negativo en la expedición de pasaportes durante el periodo de transición.
Thomas Greg & Sons ha estado a cargo de la expedición de pasaportes en Colombia desde 2007, y su contrato original estaba previsto para finalizar en octubre de 2023. Sin embargo, debido a la declaración de urgencia manifiesta por parte del Gobierno, se decidió prorrogarlo por un año más. En este contexto, la empresa interpuso una demanda de 117.000 millones de pesos contra el Estado, argumentando que cumplía con todos los requisitos de la licitación que fue declarada desierta por el entonces canciller Álvaro Leyva, quien consideró que ningún proponente había cumplido los requisitos.
Este conflicto también ha tenido repercusiones políticas, ya que llevó a la salida de Martha Lucía Zamora de la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, puesto que ella era partidaria de llegar a una conciliación con Thomas Greg para evitar la costosa demanda.
