Dana Alejandra Canizales, expatrullera de la Sijín Bogotá, busca un principio de oportunidad en el caso de interceptaciones ilegales a exempleadas de Laura Sarabia.
El caso de las interceptaciones ilegales que sacudió recientemente al país ha dado un nuevo giro con la aceptación de responsabilidad por parte de Dana Alejandra Canizales, una expatrullera de la Sijín Bogotá. Canizales, quien está implicada en el polémico caso de «chuzadas» y perfilamientos a Marelbys Meza, antigua empleada de Laura Sarabia, está tramitando un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, este acuerdo aún no ha recibido el visto bueno final por parte del ente acusador.
De acuerdo con un acta de compromiso, la expatrullera podría recibir inmunidad penal parcial por el delito de violación ilícita de comunicaciones, siempre y cuando colabore con las autoridades. La colaboración implicaría proporcionar información clave sobre la banda involucrada, testificar en contra de otros implicados y reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas.
Durante audiencias preliminares, la fiscal encargada del caso señaló a los uniformados Alfonso Quinchanegua y Dana Alejandra Canizales como los responsables de alterar un informe crucial de la Sijín relacionado con los actos urgentes del día del robo en la residencia de Laura Sarabia, quien fuera jefe de Gabinete.
No obstante, uno de los puntos más controvertidos del proceso fue expuesto por la defensa de los implicados. Según sus declaraciones, «existen documentos del expediente que advierten que la fiscal que pidió investigar a los policías hoy capturados, fue la misma que siete días después, acudió a un juez para legalizar las interceptaciones que ellos hicieron y por los cuáles hoy están detenidos». Este hecho ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del proceso y podría tener implicaciones significativas en el desenlace judicial.
En este contexto, la Juez 53 de conocimiento ha decidido que las exempleadas de Laura Sarabia, Marelbys Meza y Fabiola Perea, así como los amigos de Meza, Johnson Pineda y Lucelia Robles Arrieta, serán reconocidos como víctimas en el proceso. De igual manera, la fiscal 101 Marbel Morales, quien investigó el hurto en la residencia de Sarabia, y el fiscal local Óscar Fernández Gutiérrez, que avaló las interceptaciones de Marelbys y Fabiola, también serán considerados víctimas.
Actualmente, los involucrados en este caso están siendo procesados por una serie de delitos, que incluyen violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal, falsedad en documento público y falsedad ideológica en documento público. Se espera que en las próximas semanas se defina el futuro judicial de los implicados, especialmente en lo que concierne al principio de oportunidad solicitado por Canizales.
