El director de la UNGRD es señalado por no cumplir la medida cautelar que ordenaba el cierre del boquete en el río Cauca, lo que ha llevado a iniciar un proceso de desacato en su contra.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, se encuentra en el centro de una controversia legal tras el incumplimiento de una medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La medida, solicitada por la Defensoría del Pueblo a través de una acción popular, ordenaba el cierre inmediato del boquete conocido como ‘Caregato’ en el río Cauca, una situación que ha afectado gravemente a la región de La Mojana debido a las inundaciones.
El abogado José Manuel Jiménez Regino, quien representa a los damnificados por las inundaciones, ha sido enfático al señalar la responsabilidad de Carrillo en el incumplimiento de la orden judicial. Según Jiménez, el desacato a esta orden ha motivado el inicio de un trámite de desacato contra el funcionario, así como contra otras autoridades implicadas. En consecuencia, se espera que se impongan «las respectivas sanciones disciplinarias, pecuniarias y el arresto» a los responsables.
Jiménez no escatimó en críticas hacia la gestión de Carrillo, afirmando que «se volvió paisaje la incapacidad del Estado para cerrar ‘Caregato’, le quedó grande la tarea al innombrable señor director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres». Estas declaraciones reflejan el malestar y la desesperación de las comunidades afectadas, que han visto cómo las promesas de solución se han ido diluyendo sin resultados concretos.
La semana pasada, se llevó a cabo una reunión en el sitio afectado, con la participación de funcionarios del Gobierno Nacional, representantes del consorcio encargado de las obras y voceros de los damnificados. El propósito del encuentro fue evaluar los avances en los trabajos destinados a cerrar el boquete de ‘Caregato’, que ha permitido el desbordamiento del río Cauca. Durante la reunión, se acordó que la Procuraduría General de la Nación acompañaría las reuniones para asegurar la transparencia del proceso y garantizar el acceso a toda la información relevante.
Además de esta supervisión, se han establecido mesas técnicas interinstitucionales que incluyen al Ministerio de Ambiente, el Fondo Adaptación y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Estas mesas tienen el objetivo de recolectar insumos y datos que permitan tomar decisiones técnicas basadas en evidencia para resolver la problemática que enfrenta la región de La Mojana.
En este contexto, Carlos Carrillo recordó que «el proyecto de 2.5 billones de pesos para dar soluciones a La Mojana se está estructurando hoy desde el Fondo Adaptación y el Ministerio de Ambiente». Sin embargo, para las comunidades afectadas, el proceso ha sido demasiado lento, y la falta de acciones concretas ha aumentado su desesperación.
En una reunión realizada en Montería, se anunciaron nuevas ayudas en forma de asistencia humanitaria, así como la contratación de estudios para la construcción de un nuevo proyecto que tiene como objetivo que el río Cauca retome su curso natural, mitigando así el impacto de las inundaciones. No obstante, la persistente demora en la ejecución de estos proyectos ha mantenido a las comunidades en vilo, esperando que se tomen medidas efectivas que resuelvan definitivamente la crisis en La Mojana.
