*En una entrevista exclusiva para Diario La Libertad, el dirigente Guillermo Polo abordó de manera extensa y profunda diversos aspectos relacionados con la seguridad ciudadana en Colombia. La conversación se centró en las inversiones en seguridad, el papel del crimen organizado y la crucial importancia de la inversión social en la transformación de las comunidades.
Inversiones en seguridad y crimen organizado
En el marco de la reciente firma del convenio entre el Distrito de Barranquilla y el departamento, Guillermo Polo expresó su respaldo y detalló las inversiones propuestas.
Polo tuvo acceso al documento que especifica las inversiones, y su opinión es favorable. Destacó que el convenio no solo refuerza los componentes de movilidad, comunicaciones y tecnología para la Policía Metropolitana —elementos clave para fortalecer el modelo de vigilancia por cuadrantes— sino que también incluye una inversión significativa en las especialidades de policía encargadas de enfrentar delitos complejos. Según Polo, esta inversión permitirá mejorar el trabajo de la Sijin (Seccional de Investigación Criminal), la Sipol (Subestación de Policía) y el Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal), esenciales en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y las extorsiones, así como en la reducción de delitos graves.
De esta manera, Guillermo Polo subrayó la urgencia de una respuesta nacional y estructural para enfrentar el crimen organizado, destacando que el combate contra fenómenos como el narcotráfico, microtráfico, trata de personas y minería ilegal requiere un enfoque integral y no limitado a acciones locales.
Polo enfatizó que «hemos insistido en que el problema en función de combatir las estructuras de crimen organizado, dedicadas al negocio del narcotráfico, el microtráfico, la trata de personas, la minería ilegal, entre otros delitos, la única respuesta efectiva pasa por decisiones de política pública en función de cómo el Estado en su conjunto se organiza para ese propósito». Según él, la solución no se encuentra únicamente en las acciones emprendidas a nivel territorial, sino en cómo se organiza el Estado a nivel nacional, abarcando no solo al gobierno de turno sino a todos los organismos e instituciones que lo conforman.
El narcotráfico, descrito por Polo como un fenómeno devastador, genera grandes incentivos para las organizaciones criminales, por lo que la única forma de contrarrestarlas es fortaleciendo los servicios de justicia y las capacidades de investigación criminal. «Nuestro Sistema Penal es muy exigente en materia de garantías procesales y en la fuerza de los elementos materiales probatorios en la judicialización de una conducta penal», afirmó Polo. No obstante, indicó que, si bien el sistema es riguroso en términos de garantías, lo que está mal es que, a pesar de estas exigencias, no se asignen los recursos necesarios para que el sistema sea eficaz en su misión de enfrentar y desmantelar estas estructuras delictivas.
Polo también criticó la falta de prioridad en la inversión pública hacia el fortalecimiento de los servicios de justicia en Colombia. «La congestión en los despachos judiciales, especialmente en la jurisdicción penal, es absurda», dijo, y explicó que esto se debe a la insuficiente oferta de operadores del sistema, incluyendo la policía judicial, jueces y fiscales.
Inversión social como pilar de la seguridad
Polo defendió la importancia de la inversión social como un medio esencial para combatir la inseguridad, resaltando que Barranquilla ha logrado una transformación que no tiene comparación en el país.
Al ser consultado sobre si la inversión social es una herramienta efectiva para reducir la inseguridad, Polo fue categórico: «Claro, pero es que en el país no hay un modelo de gestión pública que haya logrado una transformación social como la de Barranquilla». Para él, es un error reducir lo que se conoce como el «milagro Barranquilla» a un simple embellecimiento del norte de la ciudad. «Es un despropósito señalar que el ‘milagro Barranquilla’ se reduce al embellecimiento del norte de la ciudad, como si fuera el Distrito el que construye los edificios privados, o la oferta de restaurantes y demás», expresó.
Polo destacó que la inversión social en Barranquilla ha tenido un impacto profundo en todas las localidades de la ciudad. «En cualquier barrio del suroccidente, del suroriente o de la localidad metropolitana, la comunidad tiene acceso a servicios de salud con el modelo de Paso y Camino, que es un referente nacional. También encuentran parques, centros de desarrollo de primera infancia, una red de instituciones educativas completamente transformadas, arroyos canalizados y vías pavimentadas. Que falta, sin duda. Pero negar eso, es no conocer la ciudad», subrayó.
Sobre los diálogos de paz con el ELN
En cuanto a los diálogos de paz con el ELN y la propuesta de Paz Total del Gobierno Nacional, Polo mostró su apoyo a los esfuerzos del presidente, aunque reconoció las dificultades del proceso. «Me parece que el presidente tiene razón en insistir en lograr el acuerdo con el ELN. Sé que para muchos esto es lo que coloquialmente llamamos un sapo muy difícil de tragar, porque el daño que estos grupos le han hecho a la sociedad es muy grande. Pero, como en el pasado, y es una posición muy personal, me parece que con las guerrillas, el camino de los acuerdos vale la pena», afirmó.
Sin embargo, Polo también expresó sus dudas sobre la voluntad del ELN en este proceso. «Lo que uno no ve es voluntad política del ELN en estos diálogos. Pero sí comparto que se insista en ellos mientras sea posible, sobre la paz total en relación con loa bandas criminales, el camino nunca puede ser el de acuerdos políticos, solo es posible en medio de el marco de una política de sometimiento a la justicia; sea con una legislación nueva, o a través del principio de oportunidad que ya está consagrado en la ley penal”, explicó.
«Ahí lo que ocurre es que las probabilidades son inexistentes. Mientras la política frente al consumo sea punitiva, la prohibición genera un incentivo económico descomunal. Si no son los de hoy, aparecerán otros. A mi juicio si invirtiéramos una fracción de lo que hoy se invierte en la guerra contra las drogas, en metodologías de prevención temprana que evite el inicio de consumo y tratamiento a los que ya consumen, seríamos más efectivos en el tratamiento de lo que que es claramente un problema de salud pública”.
Acción del Alcalde Alejandro Char en el Distrito
El exfuncionario también reconoció el liderazgo del alcalde Alejandro Char en la gestión de asuntos críticos de seguridad y justicia. “El alcalde tiene un gran liderazgo y eso es importante frente al diálogo con entidades del orden nacional, que son las que realmente tienen que entregar la oferta”, afirmó Polo. En su opinión, el esfuerzo que realizaron el mandatario del Distrito, Alejandro Char y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano no es solo pertinente, sino esencial para asegurar que la oferta judicial en el Atlántico sea adecuada y responda a las necesidades locales.
Por otro lado, destacó que el alcalde Char y el gobernador del Atlantico ha invertido significativamente en la infraestructura y en los recursos necesarios para mejorar la seguridad y la justicia en Barranquilla y en Atlántico. Mencionó que se han realizado importantes inversiones en diversas áreas: “Se han hecho esfuerzos en justicia, en justicia se han hecho inversiones en la unidad de reacción inmediata en las carceletas, se han hecho inversiones en la unidad de reacción inmediata para todo el segundo piso de oficinas, se construyó el búnker de Fiscalía en Soledad para prestar todos los servicios desde una sola infraestructura y no regada por todo el territorio”. Estas inversiones han incluido la construcción de infraestructuras como el búnker de Fiscalía, así como la implementación de tecnología avanzada como las salas de audiencias virtuales para reducir el tiempo de espera y mejorar la eficiencia del sistema judicial.
Así mismo, destacó que la solicitud del alcalde a la Fiscalía es una medida justificada debido a que los recursos invertidos en el fortalecimiento del sistema judicial son recursos que podrían haberse destinado a otros usos, pero que son cruciales para el funcionamiento adecuado de la justicia en la región. “El alcalde tiene toda la razón porque invierte recursos que en principio pudieran estar orientados a otro tipo de inversiones porque estos son servicios nacionales”, explicó Polo. Subrayó que la petición del alcalde Char no solo es válida, sino también necesaria, dada la inversión significativa que ha realizado en recursos que deberían ser provistos por el sistema judicial nacional.
En su análisis, también señaló que el esfuerzo de Char y Verano para fortalecer la capacidad operativa de la policía ha sido una constante, no un esfuerzo reciente. “Cuando el alcalde ha logrado fortalecer el pie de fuerza de la policía, y eso no es de hoy, sino de hace bastante tiempo, la oferta de fiscales también en sus pedidos se ha fortalecido”, comentó Polo. Esto indica que la solicitud del alcalde no es un acto aislado, sino parte de una estrategia continua para mejorar la seguridad y la justicia en el Atlántico.
Frente a la pregunta si compartía el pedido del alcalde de más jueces y fiscales, Polo señaló que por supuesto, así mismo, expresó su respaldo a la solicitud del alcalde de Barranquilla para un aumento en el número de jueces y fiscales. Polo destacó la importancia de esta petición para enfrentar eficazmente los desafíos en materia de seguridad ciudadana.
De igual manera elogió la creación de la Secretaría de Seguridad en Barranquilla, considerando que ha sido un gran acierto. «El alcalde ha conformado un equipo muy competente para enfrentar el reto de la seguridad ciudadana. La creación de la Secretaría de Seguridad es un gran acierto, así como la designación del secretario Yesid Turbay, quien cuenta con amplia experiencia, y el apoyo de dos ex generales de policía que demostraron capacidad operativa en el pasado,» afirmó Polo. Según él, la solicitud del alcalde de más jueces y fiscales es totalmente justificada, ya que estos recursos no pueden ser gestionados a nivel local y requieren una mejora en la oferta judicial a nivel nacional.
