La Corte Constitucional ha dictado la Sentencia 290/24, revelando cómo el crecimiento del barrio de los sectores más acomodados de Santa Marta se realizó mediante licencias urbanísticas sin considerar las verdaderas capacidades del servicio de acueducto y alcantarillado.
La sentencia destaca que, bajo la administración de ESSMAR ESP, la disponibilidad de estos servicios pasó de ser un negocio lucrativo a ser falsificada, contribuyendo a la crisis actual.
La Corte ha tenido que intervenir para abordar las deficiencias en la infraestructura y gestión de los servicios públicos en la ciudad.
