La iniciativa, que busca garantizar accesibilidad y calidad educativa, enfrenta resistencia de legisladores y no ha avanzado en tres plenarias consecutivas.
Un proyecto de ley que busca implementar medidas para mejorar el acceso, la permanencia y la calidad en la educación, desde el nivel preescolar hasta el superior, ha enfrentado varios obstáculos en el Senado. La iniciativa, impulsada por el senador Julio Elías Vidal, tiene como objetivo regular los cobros en colegios y universidades privadas, y evitar que las instituciones educativas incrementen injustificadamente los costos para los estudiantes. A pesar de su importancia, la propuesta no ha podido ser discutida completamente en las últimas tres sesiones plenarias.
El proyecto propone una serie de controles para asegurar que los recursos destinados a la educación sean utilizados correctamente, reduciendo las barreras económicas que muchos estudiantes enfrentan al acceder a instituciones privadas. Sin embargo, la resistencia de varios legisladores ha impedido que la ley avance. Según Vidal, las sesiones recientes no han contado con el quórum necesario, ya que algunos congresistas han solicitado la creación de una mesa técnica con el Ministerio de Educación y representantes de instituciones públicas y privadas antes de continuar el debate.
Ante esta situación, el senador Vidal ha pedido a la plenaria que no se siga aplazando la discusión. “Yo lo que quiero es que no se siga aplazando este debate, que ya se ha aplazado tres veces (…) ya no quiero que se siga aplazando. Demos la discusión del caso y en caso dado de que haya que hacer otra reunión u otra audiencia o lo que usted quiera, pues lo hacemos con miras al próximo debate”, expresó el legislador, argumentando que el constante aplazamiento afecta el orden del día del Senado.
Sin embargo, la iniciativa no solo ha enfrentado la dificultad de reunir el quórum, sino también las preocupaciones de algunos senadores sobre su posible impacto en las universidades privadas. La senadora Paloma Valencia fue una de las más críticas, expresando su temor de que el proyecto agrave la ya delicada situación económica de estas instituciones. “Yo encuentro excelentes intenciones en este proyecto, pero sí nos preocupa sobremanera ir a complicar la vida económica de las universidades privadas, que como todos saben ya están en una profunda crisis”, advirtió.
Por su parte, el senador Álex Flórez salió en defensa del proyecto, resaltando que los propietarios de las universidades privadas prestan un servicio público de educación, el cual depende de las matrículas pagadas por los estudiantes. Flórez argumentó que las universidades deben operar dentro de ciertos límites para asegurar que los estudiantes no sufran las consecuencias de decisiones financieras injustificadas por parte de las instituciones educativas.
Entre las disposiciones más importantes del proyecto de ley se encuentra la prohibición de las remuneraciones excesivas para el personal directivo de los colegios y universidades privadas. Además, establece que cualquier aumento en las matrículas, pensiones u otros cobros que excedan el índice de inflación deberá ser aprobado por el Ministerio de Educación. También se prohíben los recargos en el valor de las matrículas cuando el pago se realice después de la fecha límite, conocidos como “matrículas extraordinarias”.
Se espera que el proyecto sea nuevamente puesto en discusión en la próxima sesión plenaria del Senado, prevista para la próxima semana. Sin embargo, la incertidumbre sobre su futuro persiste, ya que dependerá de si se logra superar las divisiones internas y obtener el apoyo necesario para su aprobación.
