En un esfuerzo por garantizar la transparencia y la justicia tarifaria en la Región Caribe, el gobierno, a través de los Ministerios de Hacienda y Minas, ha ordenado una auditoría forense a los contratos de venta de energía de la empresa Urrá.
Esta medida se tomó después de que surgieran sospechas sobre posibles irregularidades en la comercialización de energía.
Según un comunicado oficial, ambas carteras han solicitado a Urrá información detallada sobre los precios aplicados, las empresas contratantes, los mecanismos utilizados y la duración de los contratos.
Las irregularidades se habrían detectado durante la revisión de estos datos, en el marco de los esfuerzos del gobierno por reducir las tarifas eléctricas en la Región Caribe.
«Los Ministerios han solicitado a Urrá que active una auditoría específica para investigar estos hechos y contrate una auditoría forense externa que permita disipar cualquier duda sobre la legalidad de estos contratos», señala el comunicado.
Como medida precautoria, los representantes ministeriales en la Junta Directiva de Urrá han ordenado al gerente encargado, Eduardo Díaz, suspender cualquier contrato de venta de energía hasta que se aclaren las posibles irregularidades.
El comunicado también se refiere a la salida del expresidente de Urrá, Rafael Amaya Del Vecchio, cuyo despido en febrero fue inicialmente revertido por una tutela, pero finalmente ratificado por el Tribunal Superior del Distrito de Montería en mayo.
Por último, se subraya que, según los estatutos de Urrá, la celebración de contratos energéticos no requiere la aprobación de la Junta Directiva, lo que ha llevado a los ministerios a solicitar esta auditoría para asegurar la transparencia en las operaciones de la empresa.
