Irregularidades en la compra de un edificio en Bogotá revelan corrupción y despilfarro.
La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) está en el centro de la controversia tras la publicación de un informe por la Contraloría General de la República, que ha expuesto serias irregularidades financieras y estructurales en la adquisición de un edificio en Bogotá. El informe denuncia que la institución ha despilfarrado más de $14 mil millones en la compra de un inmueble que presenta fallas graves y no es adecuado para los fines académicos previstos, desatando un nuevo escándalo que podría tener consecuencias legales significativas.
La auditoría realizada por la Contraloría para el año 2023 reveló hallazgos fiscales por $8.092 millones, que se suman a los $6.497 millones detectados en la auditoría del año anterior. En total, el detrimento patrimonial asciende a $14.579 millones, que representan el 63% del valor total de adquisición del edificio de posgrados ubicado en la Calle 94 de Bogotá, cuyo costo fue de $23.000 millones.
El inmueble en cuestión presenta múltiples defectos estructurales que ponen en peligro su seguridad y funcionalidad. Según el informe, el edificio fue adquirido sin un peritaje estructural adecuado y desestimando las advertencias de la División de Servicios Generales de la universidad. Se encontraron fisuras en el 90% de las placas de los sótanos, filtraciones en columnas y vigas, pérdida de recubrimiento de concreto, exposición de acero, así como socavaciones y humedad. Estos problemas agravan el deterioro del edificio y cuestionan su viabilidad para uso académico.
La Contraloría calificó la compra como una “gestión antieconómica” debido a que se basó en un avalúo de la Cámara de Comercio de Bogotá sin soporte técnico ni legal. Este avalúo incluyó un “factor de comercialización” que incrementó el valor del inmueble en un 27,8%, resultando en un sobreprecio y despilfarro de recursos públicos. La falta de diligencia en la compra compromete gravemente los recursos de la universidad.
El informe también destaca posibles responsabilidades disciplinarias y penales. De los 13 hallazgos identificados, seis podrían tener implicaciones disciplinarias, dos afectan fiscalmente por $8.092 millones, uno podría tener repercusiones penales y uno más ha llevado a la solicitud de una indagación preliminar. La falta de transparencia y una gestión deficiente están en el centro de esta investigación, que podría tener consecuencias legales para los responsables.
Además de los problemas estructurales, el informe subraya que el uso del edificio no se ajusta a los fines académicos para los cuales fue adquirido. La licencia de construcción y el avalúo lo categorizan para comercio y servicios, no para actividades educativas. Esta discrepancia cuestiona la viabilidad del inmueble para los programas de posgrado de la universidad y refleja una planificación deficiente por parte de las directivas de la UMNG.
Este escándalo subraya la corrupción sistémica en las instituciones públicas de Colombia. La mala administración de recursos y la falta de controles han permitido el despilfarro de más de $14 mil millones, fondos que deberían haber mejorado la calidad educativa y las instalaciones de la universidad. Es crucial que se implementen reformas para fortalecer la supervisión y el control en el manejo de los fondos públicos, especialmente en el sector educativo.
La comunidad académica y la sociedad en general deben exigir acciones concretas para prevenir futuros episodios de corrupción. Las autoridades deben actuar con firmeza para sancionar a los responsables y recuperar los recursos malversados, restaurando así la confianza en las instituciones públicas y garantizando el uso adecuado de los fondos para el beneficio de todos los colombianos.
