La justicia de paz en Colombia avanza con nuevas declaraciones sobre graves delitos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso importante al citar a 74 excombatientes de las Farc para que entreguen su testimonio en el marco del macro-caso 10, una investigación que busca esclarecer graves crímenes cometidos por la extinta guerrilla. Estos delitos, que no pueden ser objeto de amnistía, incluyen homicidios, masacres, desplazamientos forzados, violencia sexual y el uso de medios ilícitos de guerra. Tal como indica la JEP, estos crímenes «no pueden recibir perdón judicial y deben ser investigados, juzgados y sancionados».
Entre los exFarc convocados a declarar se encuentran figuras destacadas del último secretariado de la guerrilla, como Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko; Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada, quien fue comandante del Frente Urbano Antonio Nariño; y Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez, antiguo comandante del Bloque Sur. Además de estos líderes, también fueron citados mandos medios y exintegrantes de los Bloques Sur y Oriental, así como del Comando Conjunto Central de las Farc. Las declaraciones de estos excombatientes se llevarán a cabo entre octubre de 2024 y enero de 2025.
Macro-caso 10: Una investigación profunda sobre los crímenes de las Farc
El macro-caso 10, liderado por las magistradas Julieta Lemaitre y Marcela Giraldo, se enfoca en crímenes que, por su gravedad, no pueden ser amnistiables. La investigación se concentra en tres patrones de violencia: los delitos cometidos durante el control social y territorial, aquellos que ocurrieron en el marco de hostilidades y los perpetrados en contextos urbanos. Esta clasificación busca profundizar en los diferentes tipos de violencia que marcaron las acciones de las Farc y esclarecer las responsabilidades individuales y colectivas.
Hasta la fecha, la JEP ha recibido un total de 1.300 solicitudes de acreditación de víctimas en este macro-caso. De esas, 702 ya han sido aprobadas, lo que les otorga a las víctimas el derecho a participar activamente en el proceso. Aquellas personas que sean acreditadas podrán acceder a los testimonios, presentar observaciones y aportar pruebas. En palabras de la JEP, su rol es fundamental: «Quienes sean acreditadas podrán tener una participación especial en medio de la investigación y conocer todos los testimonios, pueden hacer observaciones e interponer recursos y aportar pruebas que ayuden al avance del caso».
Esta investigación no solo tiene como objetivo esclarecer lo sucedido durante los años de conflicto, sino también identificar a los responsables de los crímenes más atroces cometidos por la antigua guerrilla, garantizando que las víctimas tengan un espacio para que su voz sea escuchada en un proceso de justicia restaurativa que busca dejar una huella en la historia de Colombia.
