En un importante paso para combatir la minería ilegal, el Gobierno colombiano ha otorgado a las Fuerzas Militares, especialmente al Ejército y la Armada, la potestad de destruir maquinaria pesada utilizada en la extracción ilícita de minerales.
Esta tarea, que antes era exclusiva de un grupo especializado de la Policía, ahora se amplía, lo que se espera que refuerce las acciones contra este flagelo que afecta tanto al medioambiente como a las comunidades.
Daniela Gómez, viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, destacó que esta nueva medida triplicará las capacidades del Estado para luchar contra la minería ilegal, que empobrece los territorios y contamina gravemente la naturaleza. Con el apoyo de la Fuerza Aérea, las Fuerzas Militares ya están autorizadas para llevar a cabo estas operaciones en todo el país.
Hasta la fecha, las autoridades han logrado destruir o incautar 387 unidades de maquinaria pesada, un 37% más que en 2023, y 683 unidades de otro tipo de maquinaria, un aumento del 44% en comparación con el año anterior.
El principal grupo criminal señalado como responsable de estas actividades es el ‘Clan del Golfo’, que utiliza los ingresos obtenidos de la minería ilegal para financiar sus operaciones delictivas, incluyendo la compra de armas.
El Gobierno, aunque ha anunciado la apertura de un espacio de conversación sociojurídico con el ‘Clan del Golfo’, no le reconoce un estatus político, lo que diferencia este diálogo de otras mesas de negociación activas con grupos como el ELN y las disidencias de las FARC. Este nuevo espacio se enfoca más en un proceso de sometimiento a la justicia que en una negociación política formal.