En un reciente movimiento legislativo, el presidente Gustavo Petro ha firmado el decreto 0874 de 2024, que establece la reglamentación para la celebración de contratos de mínima cuantía con asociaciones y entidades de la economía popular y comunitaria en Colombia.
Esta medida busca reactivar la contratación directa con organizaciones comunitarias para proyectos de infraestructura de bajo valor, tras la suspensión de una iniciativa similar por el Consejo de Estado.
Hasta hace unos meses, el gobierno de Petro había canalizado recursos hacia las Juntas de Acción Comunal (JAC) para obras de infraestructura terciaria bajo el programa “caminos comunitarios para la paz total”. No obstante, el Consejo de Estado suspendió este programa, citando una extralimitación en el poder reglamentario del presidente. La reciente firma del decreto 0874 pretende restaurar parte de esta capacidad de contratación directa, permitiendo a entidades sin ánimo de lucro y microempresas acceder a contratos públicos sin necesidad de un proceso de selección abierto.
El nuevo decreto regula las asociaciones público-populares (APPo), las cuales podrán ser adjudicatarias de contratos de mínima cuantía, definidos como aquellos cuyo valor no excede el 10% del presupuesto destinado a contratos menores por cada entidad estatal o regional. Por ejemplo, si una entidad pública tiene un presupuesto para contratos menores de 1.300 millones de pesos, los contratos de mínima cuantía serían aquellos de hasta 130 millones de pesos.
Este nuevo mecanismo tiene como objetivo fortalecer la economía popular al incluir en la contratación pública a pequeños productores y micronegocios que anteriormente podrían haber estado excluidos.
Críticas y Preocupaciones
La medida ha generado controversia entre expertos en contratación y profesionales del sector de la ingeniería. Rodrigo Fernández, de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Santander, ha expresado preocupaciones sobre la posible falta de transparencia y la posibilidad de favoritismo en la asignación de contratos sin un concurso formal. Fernández señala que la ausencia de un proceso de selección competitivo podría favorecer la corrupción y la mala gestión de recursos públicos.
Además, el ingeniero destaca la importancia de contar con profesionales capacitados para proyectos técnicos, como la construcción de vías terciarias, y teme que la nueva normativa permita que proyectos de ingeniería sean gestionados por organizaciones sin la debida experiencia técnica.
Defensa del Gobierno y Objetivos
Por otro lado, Mario Valencia, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha defendido el decreto argumentando que este busca democratizar el acceso a la contratación pública y fortalecer la economía local al incluir a pequeñas entidades en los proyectos financiados con recursos públicos. Según Valencia, este enfoque permitirá una mayor inversión en las regiones y fomentará el desarrollo de la economía popular.
El presidente Petro ha reiterado su compromiso con la democratización de la contratación pública. En respuesta a la suspensión previa por parte del Consejo de Estado, Petro ha argumentado que impedir la contratación con organizaciones comunitarias podría favorecer la corrupción y limitar el empoderamiento de las comunidades locales.
El decreto 0874 de 2024 marca un cambio significativo en la manera en que se gestionan los contratos de mínima cuantía en Colombia. A pesar de las críticas y preocupaciones planteadas por diversos sectores, el gobierno de Petro mantiene que esta medida es un paso hacia una mayor inclusión de las organizaciones comunitarias en los proyectos de infraestructura y desarrollo regional. Sin embargo, la implementación y el impacto de esta nueva normativa seguirán siendo objeto de seguimiento y evaluación en el contexto del sistema de contratación pública colombiano.
