El empresario será imputado por cohecho, y tres funcionarios del Inpec enfrentarán cargos de peculado y prevaricato.
El próximo 27 de agosto, en la mañana, se llevará a cabo una audiencia de imputación contra el empresario Carlos Mattos y tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por las salidas irregulares que el empresario realizó mientras estuvo recluido en la cárcel La Picota de Bogotá durante el año 2022. Este nuevo proceso judicial se suma a los ya existentes, que han incluido condenas por soborno y corrupción.
El caso salió a la luz gracias a videos que mostraban a Mattos siendo trasladado en vehículos oficiales del Inpec, realizando recorridos frecuentes entre la cárcel La Picota y el norte de Bogotá, donde se encontraba su oficina. Según la versión del empresario, estas salidas estaban justificadas por supuestas remisiones médicas. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación le imputará el delito de cohecho por estas irregularidades.
A los funcionarios del Inpec involucrados, identificados como William René Caballero, Jorge Hernán Guerrero y Luis Alejandro Rojas Camacho, se les imputarán cargos de peculado por uso y prevaricato por omisión. Las acusaciones giran en torno a su complicidad en la facilitación de las salidas no autorizadas de Mattos.
El proceso judicial anterior contra Mattos incluye una condena reducida por corrupción. Hace un año, el Tribunal Superior de Bogotá disminuyó su condena de cinco años y ocho meses a cuatro años de prisión, tras descubrirse que Mattos había sobornado a la jueza civil Ligia del Carmen Hernández con 100 millones de pesos para obtener beneficios en su caso por el escándalo de Hyundai.
En noviembre de 2022, el juez 30 de conocimiento de Bogotá le impuso una pena de 9 años y 5 meses de prisión después de que Mattos confesara haber pagado 700 millones de pesos a varios funcionarios judiciales, incluyendo al exjuez Reinaldo Huertas, para acelerar su proceso y obtener fallos favorables en tiempo récord.
Actualmente, Mattos cumple su condena bajo el régimen de casa por cárcel por razones de salud. A través de un recurso de casación, el empresario busca reducir aún más su condena en la Corte Suprema de Justicia.
