La demanda busca garantizar la correcta continuidad del servicio y cuestiona la contratación directa con la Imprenta Nacional para la emisión de pasaportes a partir de 2025.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha decidido admitir una demanda presentada contra la Imprenta Nacional, que cuestiona el convenio firmado con la Cancillería para asumir la expedición de pasaportes a partir de septiembre de 2025. Esta demanda fue impulsada por la Fundación para el Estado de derecho, que advierte sobre posibles irregularidades en la contratación directa del servicio, lo cual podría estar vulnerando los procedimientos de selección establecidos en el Estatuto General de Contratación.
El contexto de esta acción legal se da en medio de la incertidumbre que rodea la emisión de pasaportes en Colombia, ya que el contrato actual con la firma Thomas Greg & Sons vencerá el 2 de octubre de este año, lo que genera preocupaciones sobre la continuidad del servicio. La demanda busca que se ordene al Fondo Rotatorio y a Migración Colombia implementar medidas concretas para garantizar la prestación ininterrumpida de este servicio público esencial.
Uno de los aspectos más delicados que plantea la demanda es la posible utilización de convenios interadministrativos como un mecanismo para «evadir o vulnerar los procedimientos de selección del contratista», según señala la Fundación. En particular, se busca esclarecer si la contratación directa con la Imprenta Nacional se realizó bajo parámetros adecuados o si se trató de una forma de evitar la competencia y la transparencia en el proceso.
Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de derecho, expresó que el objetivo de la demanda no es anular los contratos ya establecidos para la expedición de pasaportes y cédulas de extranjería, sino que se adopten medidas correctivas. «No se pretende la nulidad de los contratos suscritos por las entidades públicas para la expedición de las cédulas de extranjería y de los pasaportes, sino la adopción de medidas necesarias para evitar que se continúe actuando de forma improvisada, y en detrimento de la prestación del servicio público, del patrimonio, de la moralidad administrativa y de la libre competencia», aseguró Caro.
La demanda también pone en entredicho el acuerdo firmado por Migración Colombia con la Imprenta Nacional para producir las cédulas de extranjería, a pesar de que, según Caro, esta institución «carece de la organización, tecnología, los recursos, el personal y la infraestructura necesarios» para asumir esta tarea.
En adición a esto, se cuestiona el hecho de que la Imprenta Nacional haya subcontratado todas sus obligaciones a su «aliado estratégico», Accesos Holográficos de Colombia. Caro señaló que aún no se tiene certeza sobre si esta empresa cumple con los requisitos técnicos, financieros y de experiencia para llevar a cabo la tarea encomendada. «La imprenta subcontrató la totalidad de las obligaciones asumidas con su aliado estratégico, Accesos Holográficos de Colombia, persona jurídica de la cual no se conoce si cumple con los requisitos de idoneidad técnica, financiera y de experiencia para ejecutar esa tarea», destacó.
El caso se encuentra ahora bajo revisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y se espera que en los próximos días se tomen decisiones sobre las acciones legales a seguir y las medidas necesarias para asegurar la correcta prestación de este servicio público tan importante.
