La organización internacional instó al gobierno a garantizar la vida e integridad de líderes comunales e indígenas en medio de la creciente violencia en la región.
La oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia emitió un fuerte pronunciamiento tras los recientes asesinatos de Manuel Sánchez Canónico, líder social y comunal de Panamá, y Bruno Pambelé Moreno, autoridad y sabedor mayor del Pueblo Indígena Hitnü. Ambos fueron asesinados en la región de Arauca, uno de los territorios más afectados por el conflicto armado en el país.
El líder comunal Manuel Sánchez Canónico fue asesinado en la zona rural de Arauquita, mientras que Bruno Pambelé Moreno fue ultimado el pasado 7 de julio en el Resguardo San José del Lipa. Estas muertes han generado una ola de indignación tanto en las comunidades locales como en la comunidad internacional.
La ONU no solo condenó estos crímenes, sino que también instó al Estado colombiano a garantizar la «vida, libertad e integridad de las personas defensoras de los derechos humanos, especialmente de los líderes comunales quienes promueven, representan y defienden a sus comunidades bajo difíciles circunstancias». Asimismo, subrayó la importancia de proteger a las autoridades y sabedores ancestrales del Pueblo Indígena Hitnü, quienes desempeñan un rol fundamental en la defensa del territorio y la cultura ancestral.
El Pueblo Hitnü ha sido declarado en peligro de extinción física y cultural desde el Auto 382 de 2010 de la Corte Constitucional de Colombia. Esta comunidad enfrenta grandes riesgos debido a su ubicación en zonas de conflicto, y su vulnerabilidad se ha intensificado ante los recientes hechos de violencia.
En su llamado, la ONU también urgió a los actores armados no estatales a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, señalando la necesidad de cumplir con los «Mínimos Humanitarios de la población civil de Arauca», una región que ha sido epicentro de enfrentamientos armados y violaciones de derechos.
Este pronunciamiento ha puesto de relieve la grave situación de seguridad en Arauca y la necesidad de medidas urgentes por parte del Estado y la comunidad internacional para proteger a los líderes sociales e indígenas que defienden sus territorios y derechos en un contexto de creciente inseguridad.
