El gobierno de Ecuador ha calificado la reciente denuncia de violencia política de género presentada por la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa como un intento de golpe de Estado.
La denuncia, que podría resultar en la destitución de Noboa y la suspensión de sus derechos políticos por hasta cuatro años, ha generado una fuerte reacción por parte del Ejecutivo.
Michele Sensi, ministro de Gobierno, describió la denuncia como un acto de desestabilización, acusando a Abad de intentar acceder al poder mediante tácticas desesperadas. Según Sensi, la denuncia deslegitima la voluntad popular y busca impedir la participación de Noboa en futuras elecciones.
El caso ha sido asignado al magistrado Fernando Muñoz, quien fue removido de su puesto como presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La acusación de Abad podría llevar a sanciones severas, incluyendo la suspensión de derechos políticos y multas.
La tensión entre Noboa y Abad ha sido evidente desde la campaña electoral pasada, y la reciente controversia destaca las dificultades políticas que enfrenta el gobierno.
Además, Abad está involucrada en otra denuncia por presuntas irregularidades en las elecciones locales de 2023.
