El pleito enfrenta a la firma con el Ministerio de Relaciones Exteriores, reclamando más de 117 mil millones de pesos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión por 30 días del proceso judicial que la firma Thomas Greg & Sons interpuso contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, en relación con la licitación de los pasaportes. La magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada, en una decisión de dos páginas, tomó esta medida para dar paso a la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que ha mostrado interés en representar a la Nación en este litigio.
Thomas Greg & Sons demanda al Ministerio por más de 117.000 millones de pesos, tras la expedición de una resolución que declaró desierta la licitación de pasaportes en 2023. Según la firma, esta decisión afectó no solo sus expectativas de ganancias derivadas del contrato, sino también su reputación. En su recurso, busca que se anule la resolución y se restablezca su derecho a ejecutar el contrato.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés, afirmó que su equipo se encuentra evaluando la viabilidad de continuar con el proceso judicial o buscar una conciliación. “En el tema de los pasaportes hay una demanda contenciosa administrativa que se surte ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. (…) Si la Agencia decide intervenir será absolutamente en defensa de los intereses de la Nación”, aseguró Palomino Cortés.
La demanda, presentada el 23 de enero de 2024 y admitida el 3 de abril tras un primer trámite de inadmisión, también busca que se declare la nulidad del acto administrativo que dejó sin efecto la Licitación Pública No. LP-001-20232. Además, Thomas Greg & Sons pide que, en caso de que la Cancillería no acceda a revocar dicha resolución, «se declare la nulidad de la Resolución que así lo resuelva».
El conflicto legal surgió luego de que, a finales de marzo de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidiera revocar la resolución 1396 de 2024, emitida por el exsecretario general del ministerio, José Antonio Salazar, en febrero. Esa resolución adjudicaba el contrato de pasaportes a la firma demandante, lo que finalmente fue anulado.
Además, en una providencia emitida el pasado 26 de julio, se definieron las pruebas del proceso y se anunció el trámite para una sentencia anticipada. Este desarrollo podría acelerar la resolución del caso, aunque la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado puede influir en la estrategia a seguir.
