Ocho meses han transcurrido desde que el alcalde Alejandro Char anunció la incorporación de un equipo de oficiales retirados para fortalecer la política pública de seguridad en Barranquilla.
La iniciativa, que incluyó la designación de cuatro oficiales retirados de la Policía Nacional para asesorar a la Oficina de Seguridad del Distrito —que está en proceso de convertirse en una secretaría—, ha suscitado tanto expectativas como preocupaciones entre los ciudadanos.
Entre los oficiales designados se encuentran los mayores generales retirados Julio César González y Mariano Botero Coy, quienes ocupan los cargos de Alto Consejero de Seguridad y Asesor del Alto Consejero de Seguridad, respectivamente. Además, el coronel retirado Tahir Rivera Suescun actúa como asesor de alta consejería para la seguridad.
A pesar de la experiencia y el perfil de los nuevos asesores, la ciudadanía ha manifestado preocupación debido a la falta de indicadores claros que muestren mejoras en las cifras de inseguridad de Barranquilla. Hasta el momento, no se han publicado datos específicos que permitan evaluar el impacto real del trabajo de estos oficiales en la reducción de delitos de alto impacto.
La percepción pública sugiere que, a pesar del esfuerzo de la administración municipal, los resultados tangibles en la seguridad cotidiana de los barranquilleros aún son inciertos. Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad de la medida adoptada y si el esfuerzo realizado se está reflejando adecuadamente en la mejora de la seguridad en la ciudad.
¿Fue acaso esa medida una adición burocrática sin impacto real o un esfuerzo genuino por mejorar la seguridad en Barranquilla?
Defintiivamente la administración municipal enfrenta el desafío de demostrar la eficacia de estas nuevas estrategias y restaurar la confianza de la comunidad en las políticas de seguridad implementadas.
