El concejal Óscar Fernando Fernández, del partido Todos Somos Colombia, denuncia amenazas y un atentado que resultó en la quema de su vehículo tras exponer irregularidades en el Plan de Ordenamiento Territorial.
El concejal de Facatativá, Cundinamarca, Óscar Fernando Fernández, ha denunciado un grave atentado contra su vida y la de su familia. En la tarde del 13 de agosto de 2024, su vehículo fue incendiado frente a su residencia en el barrio Las Quintas. Según las declaraciones del funcionario, un hombre se acercó a su casa alrededor de las 6:30 p.m., arrojó gasolina sobre el automóvil y le prendió fuego.
Fernández, quien pertenece al partido Todos Somos Colombia, atribuye el ataque a las denuncias que ha venido realizando en relación con presuntas irregularidades en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio. «Yo creo que es el resultado de una serie de pronunciamientos críticos en sesiones del Consejo Municipal de Facatativá», afirmó el concejal, aludiendo a posibles represalias por su postura frente a violaciones del POT, urbanizaciones ilegales y actividades irregulares en las oficinas de urbanismo.
Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad del sector, donde se observa al responsable del ataque arrojando gasolina y provocando el incendio. La comunidad fue clave al intervenir para apagar las llamas antes de que el vehículo explotara, aunque el daño fue total.
Este no es el primer intento de intimidación que ha enfrentado Fernández. En semanas anteriores, él y su familia ya habían sido objeto de amenazas. «La semana pasada nos habían tratado de intimidar en un local comercial que es de propiedad de mi esposa, y yo ya había tenido una llamada como intimidante hace como un mes», explicó. Sin embargo, el reciente atentado ha sido más grave, considerándolo «una amenaza directa» destinada a silenciar sus denuncias.
A pesar de la gravedad de los hechos, Fernández asegura no contar con el respaldo de las autoridades locales. Por ello, anunció que gestionará una solicitud urgente ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que se le otorgue un esquema de seguridad, que le permita continuar con su labor y proteger a su familia.
El concejal reiteró su compromiso de seguir denunciando las irregularidades relacionadas con el POT en Facatativá, a pesar de los intentos de acallarlo. Su caso pone en evidencia los riesgos que enfrentan los servidores públicos al denunciar actos de corrupción en sus municipios.
