Acemi manifiesta diferencias con el informe de la Contraloría General, señalando que las normas presupuestales no aplican a las EPS en la administración de la UPC.
El gremio de las EPS del régimen contributivo, Acemi, expresó su desacuerdo con el informe emitido por la Contraloría General de la República, en el que se cuestiona a 24 EPS por la utilización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) durante el año 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia por Covid-19. Según el gremio, las discrepancias se centran en la aplicación del principio de anualidad presupuestal en la administración de estos recursos.
Acemi aclaró que la anualidad presupuestal no debería aplicarse a la UPC, un pago que se transfiere a los diferentes agentes del sistema de salud por parte de las EPS. En su comunicado, indicaron que «no existe ninguna norma jurídica vigente que sustente esta posición». A su vez, señalaron que el hecho de calcular anualmente la prima no implica que deban aplicarse las reglas del Estatuto Orgánico del Presupuesto a las entidades que administran estos recursos parafiscales.
En apoyo a su argumento, Acemi citó la sentencia SU 480 de 1997 de la Corte Constitucional, que establece que los recursos parafiscales del sistema de seguridad social, como los provenientes de la UPC, están excluidos de las normas presupuestales que rigen los recursos fiscales ordinarios. «Si los aportes del presupuesto nacional y las cuotas de afiliados al sistema de seguridad social son recursos parafiscales, su manejo estará al margen de las normas presupuestales y administrativas que rigen los recursos fiscales provenientes de impuestos y tasas», señala la sentencia citada por el gremio.
La entidad también defendió el uso de la UPC para la creación de reservas técnicas, argumentando que estos fondos, al ser liberados, se utilizan para pagar servicios de salud tanto del pasado como del presente, una práctica común en sistemas de aseguramiento. «El pago de servicios y tecnologías en salud de vigencias anteriores cumple con esta regla constitucional», subrayaron desde Acemi.
Sin embargo, el gremio advirtió que si la Contraloría insiste en aplicar las reglas de anualidad presupuestal al sistema de salud, se podría generar una grave afectación en el flujo de recursos, lo que agravaría la ya delicada situación financiera del sector. Acemi recalcó que la insuficiencia de recursos y la inacción gubernamental ante estos problemas contribuyen a un sistema «cada vez más inviable».
Respecto al uso de la UPC en 2020, el gremio explicó que esos fondos se destinaron completamente al aseguramiento y atención de la pandemia. Además, mencionaron que los recursos extraordinarios a los que hizo referencia la Contraloría, provenientes del Fome, fueron girados en 2021 y representaron el 2% de los ingresos de ese año.
Finalmente, Acemi hizo un llamado a la Contraloría para revisar su tesis y evitar que esta afecte la cadena de pagos del sistema de salud. Según la entidad, la aplicación de esta interpretación en los procesos de responsabilidad fiscal podría perjudicar especialmente a los pacientes más vulnerables.
