El diputado Carlos Rojano Llinás también denunció la falta de transparencia y efectividad en proyectos de seguridad y vivienda de la Gobernación del Atlántico.
El diputado Sergio Barraza Mora lanzó una fuerte crítica a la administración del departamento del Atlántico, poniendo en duda la gestión del gobernador eduardo verano en materia de seguridad, salud y bienestar ciudadano. Según Barraza, desde que verano asumió el mando, poco o nada se ha avanzado en estos temas cruciales.
Barraza mora fue enfático al señalar que la pignoración de la tasa de seguridad, que ascendió a 78 mil millones de pesos, ha sido mal manejada y distribuida, sin tener en cuenta las necesidades de los municipios del área metropolitana. El diputado expresó su frustración al decir: «¿Dónde está el remanso de paz que era el departamento? es la primera vez que grupos armados se atreven a ingresar. ¿qué se hicieron con esos recursos? en Soledad solo mandaron unas motos. hoy el Atlántico y Barranquilla son los municipios más violentos del país.»
El líder político también manifestó su preocupación por la realidad que enfrentan los municipios del Atlántico, afirmando que no existe una capacidad de gestión ni una respuesta adecuada por parte de los funcionarios de la gobernación. En sus palabras, «se acabó la luna de miel», refiriéndose a la falta de resultados positivos en la administración de los recursos y la seguridad en la región.
Estas declaraciones reflejan un creciente descontento con la actual gestión del gobierno departamental, especialmente en un momento crítico en que la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los habitantes del Atlántico.
Diputado Carlos Rojano Llinás denuncia falta de transparencia y efectividad en proyectos de seguridad y vivienda de la Gobernación del Atlántico
Por su parte, el diputado Carlos Rojano Llinás ha lanzado una dura crítica al gobierno departamental durante una reciente sesión de la Asamblea Departamental del Atlántico, señalando la ausencia de transparencia y efectividad en la gestión de proyectos clave de seguridad y vivienda.
Según el diputado, la creciente presencia de organizaciones criminales internacionales en la región, vinculadas al narcotráfico, está agravando la percepción de inseguridad en Barranquilla y otros municipios del Atlántico. Esta situación ha dado lugar a una alarmante ola de violencia, descrita por Rojano Llinás como una «danza de la muerte», impulsada por la lucha de estas organizaciones por controlar el territorio.
Rojano Llinás criticó la falta de acción del gobierno departamental, municipal y nacional, que, según él, solo realizan visitas y consejos esporádicos sin enfrentar realmente la problemática de seguridad. El diputado enfatizó que los recursos asignados por la Asamblea para abordar estos problemas no son simples transacciones financieras, sino que deben ser utilizados para garantizar la seguridad de los ciudadanos del Atlántico. En este contexto, exigió explicaciones sobre el uso de los 678 mil millones de pesos previamente aprobados por la Asamblea y los resultados obtenidos.
Además, Rojano Llinás puso de relieve otro proyecto de ordenanza relacionado con el mejoramiento de viviendas, que asciende a más de 200 mil millones de pesos. Criticó la falta de información proporcionada por la Secretaría de Vivienda sobre la ejecución de este proyecto, advirtiendo que la Asamblea no aprobará la iniciativa sin claridad sobre cómo y dónde se invertirán los recursos. «No vamos, Carlos Rojas no va a votar ese proyecto si no tiene claridad de dónde se va a invertir y cómo se va a invertir ese proyecto», afirmó.
El diputado calificó la gestión de estos proyectos como «informal e irresponsable» y urgió al gobierno departamental a proporcionar la información necesaria para una discusión seria y responsable de las ordenanzas propuestas. «No vamos a votar estos proyectos a pupitazo limpio», concluyó Rojano Llinás, subrayando la importancia de un proceso transparente y deliberativo en la asignación y ejecución de los recursos públicos.
La crítica de Rojano Llinás resalta la necesidad urgente de una mayor presencia y acción coordinada de las autoridades a nivel departamental y nacional para enfrentar los desafíos de seguridad y garantizar el bienestar de los habitantes del Atlántico.
