El sistema de salud en Colombia continúa enfrentando graves problemas de corrupción, a pesar de las sanciones impuestas tras el escándalo de la EPS Saludcoop. Aunque se esperaba que las medidas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud frenaran estas prácticas, los hechos recientes demuestran que la corrupción sigue latente. La detención de Carlos Palacino y la liquidación de Saludcoop no marcaron el fin de los desfalcos en el sector, sino que dieron paso a nuevas formas de apropiación indebida de recursos, ahora respaldadas por normativas corruptas con el aval de legisladores cómplices.
Nueva EPS en el centro de la polémica: reaparece la sombra de la corrupción
Uno de los casos más preocupantes en la actualidad es el de la Nueva EPS, donde el principal accionista es el Gobierno, representado por el Ministerio de Hacienda. A inicios de abril, la Superintendencia de Salud intervino la entidad y reveló una serie de irregularidades que se han venido acumulando desde 2019. Entre las más graves está la ocultación de facturas no legalizadas, lo que ha generado una deuda de $5,5 billones de pesos, muy superior a los $500.000 millones que inicialmente se habían reconocido.
La Superintendencia advirtió que estas deudas han puesto en riesgo la prestación de los servicios de salud, pero la intervención no incluyó una inversión para saldar los pasivos, lo que ha dejado a los hospitales públicos en una situación crítica.
EPS liquidadas y un ciclo de impunidad: cómo la integración vertical sigue afectando a millones
Luis Carlos Leal Angarita, Superintendente de Salud, señaló en una entrevista que muchas EPS se benefician de la integración vertical, una práctica que distorsiona la distribución de los recursos de salud. «Estas EPS se benefician injustamente, aplicando tarifas propias que enriquecen a los mismos actores», comentó, subrayando que mientras tanto, los usuarios quedan a merced de un sistema diseñado para favorecer a pocos.
En los últimos 15 años, más de 117 EPS han sido liquidadas, dejando una deuda acumulada de $8,4 billones de pesos. Sin embargo, el sistema ha permitido que estas entidades eludan responsabilidades judiciales y fiscales, perpetuando un ciclo de impunidad que afecta gravemente a los ciudadanos.
Desvío de recursos durante la pandemia: $11 billones en manos de particulares y gastos irregulares
El manejo de los recursos durante la pandemia de COVID-19 también ha destapado nuevos escándalos. La Contraloría General de la República informó que cerca de $11 billones de pesos destinados a la salud se desviaron en manos de particulares en 2020, bajo el gobierno de Iván Duque. De estos recursos, $6 billones fueron utilizados por algunas EPS para pagar deudas antiguas, mientras que otros $5 billones no tienen soportes que justifiquen su uso. Los informes revelan gastos irregulares en conceptos como viajes, publicidad y salarios de los miembros de las juntas directivas de las EPS.
Decreto 600 de 2020: el saqueo legalizado del sistema de salud
El Decreto 600 de 2020, firmado durante la emergencia sanitaria por el expresidente Iván Duque y sus ministros de Hacienda y Salud, permitió a las EPS utilizar las reservas técnicas para saldar deudas previas. Esta medida, que en teoría buscaba agilizar los pagos a las IPS, abrió la puerta para que las EPS desviaran esos fondos de manera irregular, perpetuando la corrupción en el sistema de salud.
La exministra de Salud, Carolina Corcho, ha sido una de las voces más críticas respecto al sistema de salud colombiano. Según Corcho, «no se trata de manzanas podridas, sino de un sistema entero corrupto», que ha sido diseñado para permitir el saqueo legalizado mediante decretos y resoluciones avaladas por el mismo Gobierno.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
