A 25 años del homicidio de Jaime Garzón, la Sociedad Interamericana de Prensa insta a esclarecer el caso y a responsabilizar a todos los implicados en este crimen que aún sigue impune.
Este martes se cumplen 25 años desde el asesinato del reconocido periodista y humorista colombiano Jaime Garzón, un crimen que sacudió a la nación y que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue sin ser completamente esclarecido. En este aniversario, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha rendido homenaje a Garzón, destacando su legado y renovando su llamado a que se haga justicia en un caso marcado por la impunidad.
La SIP, como parte de su campaña «Voces que reclaman justicia», recordó a Garzón por su singular aporte al periodismo y al humor político en Colombia, instando a no dejar en el olvido a los reporteros que perdieron la vida en el ejercicio de su labor informativa. La campaña subraya la necesidad de mantener viva la memoria de quienes, como Garzón, se enfrentaron a poderosos intereses y pagaron con sus vidas.
El 13 de agosto de 1999, Jaime Garzón fue asesinado cuando se dirigía en su vehículo a la emisora Radionet en Bogotá. Dos sicarios a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon cinco veces, terminando con la vida del periodista de 38 años, quien había denunciado amenazas en su contra. Su muerte provocó una ola de conmoción y repudio en toda Colombia, con manifestaciones en su memoria y exigencias de justicia.
Garzón había ganado notoriedad por su estilo único de humor político, que presentaba de manera irreverente y sarcástica las noticias del país a través de personajes populares. Su trabajo se destacó en un período en el que Colombia vivía intensos enfrentamientos entre paramilitares y grupos guerrilleros, y su crítica abarcaba desde la sociedad hasta el gobierno y la violencia imperante.
Cinco años después de su asesinato, en 2004, Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado en ausencia a 38 años de prisión como autor intelectual del crimen. Sin embargo, nunca fue capturado ni cumplió la sentencia, ya que fue asesinado un mes después de que se emitiera su condena. Aunque «la investigación reveló connivencia entre paramilitares, agentes estatales y figuras políticas en Colombia, algunos de los supuestos implicados aún no han sido vinculados a la investigación judicial», lamentó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
En 2018, José Miguel Narváez, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue condenado a 30 años de prisión como otro de los autores intelectuales del homicidio. Sin embargo, su sentencia se cumple en una guarnición militar en lugar de una cárcel común, según denunció Alfredo Garzón, hermano del periodista. Otros actores clave en el caso, incluidos miembros del DAS, narcotraficantes y sicarios, han sido asesinados, complicando aún más la búsqueda de justicia.
En marzo de 2023, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso calificó el asesinato de Garzón como un crimen de Estado y afirmó que «la orden habría venido de más arriba». Estas declaraciones, hechas en una entrevista con RTVC y reproducidas por Infobae, refuerzan la necesidad de seguir investigando el entramado detrás del asesinato.
La familia de Garzón, junto a grupos defensores de la libertad de prensa, ha insistido en que se profundice en la investigación para identificar a todos los responsables. Jornet destacó que «es necesario profundizar la investigación del entramado criminal e identificar a todos los responsables, tal como lo vienen reclamando la familia y los grupos de defensa de la libertad de prensa».
Después de agotar las instancias judiciales en Colombia, el caso fue llevado en 2011 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La familia de Garzón denunció la participación de funcionarios públicos en el homicidio y la incapacidad de la justicia colombiana para sancionar a todos los responsables en un tiempo razonable. En julio de 2022, la CIDH emitió un informe de admisibilidad que podría permitir una reevaluación del caso y de las circunstancias que rodearon el homicidio.
El asesinato de Jaime Garzón no ha prescrito, ya que en 2016 fue declarado delito de lesa humanidad debido a la participación de agentes del Estado y grupos paramilitares. La familia y sus representantes legales han sostenido que «la investigación fue desviada por funcionarios del DAS y torpedeada por miembros de la Policía, lo que demostró que la Fiscalía no había investigado de manera seria y exhaustiva todas las hipótesis, en particular las que apuntaban a la responsabilidad penal de miembros del Ejército a pesar de los numerosos indicios y pruebas».
Este aniversario recuerda la necesidad de continuar la lucha por la justicia en el caso de Jaime Garzón, un ícono del periodismo y la sátira política en Colombia, cuyo legado sigue vivo en la memoria colectiva del país.
