Un video revela acusaciones de corrupción en el sector energético, señalando a Air-e y Afinia por manipulación de precios y cobros ilegales, mientras funcionarios del gobierno son cuestionados por su inacción.
Un video que ha causado gran revuelo en la opinión pública ha puesto en el ojo del huracán a las empresas energéticas Air-e y Afinia, así como a funcionarios del gobierno nacional, al ser acusados de posibles actos de corrupción y connivencia en el manejo del sector energético en la región Caribe.
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Las acusaciones, presentadas por la académica Karol Solis, cuestionan la integridad de las instituciones responsables de garantizar la justicia y la transparencia en el país, generando una profunda preocupación entre los ciudadanos.
Solis inicia su intervención con una pregunta que sacude las bases de la credibilidad institucional: “¿Están los altos funcionarios del gobierno en la nómina de Air-e y Afinia que no se dan la pela de hacer una revolución?”.
Esta afirmación pone en duda la independencia de los alcaldes del Caribe y de otros funcionarios del gobierno, sugiriendo que podrían estar bajo la influencia directa de estas poderosas empresas energéticas, lo que explicaría su falta de acción en la implementación de cambios necesarios en el sector.
Una de las denuncias más impactantes es la acusación de que Air-e, una empresa bajo el liderazgo de Alberto Ríos Velilla, habría manipulado un proceso de licitación para autocomprarse energía y duplicar el precio del kilovatio hora en el mercado.
Según Solis, “esta compañía podría haber manipulado un proceso de licitación para autocomprarse energía y doblar el precio del kilovatio hora en el mercado”. Este aumento de precios, que afecta directamente a los consumidores, plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso y la posible complicidad de las autoridades que deberían supervisarlo.
Otra acusación contundente presentada en el video es el supuesto uso de información manipulada por parte de Air-e para extraer sumas significativas de dinero de los consumidores. “Air-e estaba sacando de nuestros bolsillos $100.000 millones al presentar información manipulada sobre inversiones no hechas, pero que sí nos cobraba”, denuncia Solis.
Esta afirmación sugiere que la empresa ha estado reportando inversiones inexistentes para justificar cobros adicionales en las facturas de los usuarios, lo que ha resultado en un sobrecosto de “casi $500 en el costo final adicional sacado de nuestros bolsillos vía manipulaciones en el cobro, en la factura”. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, Solis señala que “este gobierno no ha dicho o hecho mucho o nada al respecto”.
La Superintendencia de Servicios Públicos también es criticada duramente en el video, ya que se alega que las investigaciones anunciadas por el superintendente en noviembre pasado no han avanzado significativamente. Solis expone que “en agosto del 2022, la Super dio datos y dijo que de 135.000 denuncias, 62.000 eran de usuarios de servicios de energía… Y de esas investigaciones, pues este gobierno no ha avanzado mucho o nada”.
Esta falta de progreso en la protección de los derechos de los consumidores aumenta la desconfianza en las autoridades y sugiere la posibilidad de vínculos corruptos que impiden la toma de decisiones en favor de la ciudadanía.
El video culmina con un recordatorio de las promesas incumplidas por parte del gobierno, que habían comprometido medidas para aliviar la carga financiera de los usuarios del Caribe. Solis menciona: “Usted vino a Barranquilla y nos dejó dos promesas… titularizar la totalidad de la deuda por opción tarifaria… y que la Creg avanzara con celeridad en presentar una nueva fórmula para impactar el componente de costo por generación”. Sin embargo, hasta el momento, estas promesas no han sido cumplidas, lo que ha generado una creciente frustración y desconfianza entre los ciudadanos.
Las graves denuncias reveladas en este video presentan una situación alarmante donde la posible connivencia entre funcionarios del gobierno y las empresas energéticas podría estar permitiendo abusos en contra de los usuarios. La inacción de las autoridades ante estas acusaciones solo refuerza la percepción de que los intereses corporativos se están priorizando sobre el bienestar de la ciudadanía.
La pregunta que surge es: ¿hasta cuándo continuará esta situación sin una respuesta contundente? Es imperativo que las instituciones encargadas de velar por la justicia y la transparencia actúen de manera decidida, investiguen estas denuncias a fondo y, si es necesario, lleven a los responsables ante la justicia.
