La reciente decisión de la Asamblea del Valle del Cauca de extender el cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana hasta el 2032 ha generado una ola de indignación entre los ciudadanos.
Mientras la violencia continúa rampante en el departamento, la opacidad sobre el destino de estos recursos levanta serias sospechas sobre posibles actos de corrupción y la ineficacia de los organismos encargados de garantizar la seguridad.
El Misterio del Recaudo: ¿Dónde Está el Dinero?
Desde su implementación en 2016, la sobretasa de seguridad se ha presentado como una medida indispensable para fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden. Sin embargo, los altos índices de criminalidad, que incluyen desde robos hasta homicidios, evidencian que los recursos recaudados no se han traducido en mejoras tangibles para la seguridad ciudadana. La falta de transparencia en el uso de estos fondos solo alimenta las sospechas de que este dinero podría estar siendo desviado para fines corruptos.
En el Atlántico, donde la tasa se cobra desde 2011, el manejo de estos recursos fue transferido al Distrito de Barranquilla bajo la administración del alcalde Alejandro Char, a través de un convenio con el gobernador Eduardo Verano De La Rosa. En teoría, estos fondos debían invertirse en vehículos, tecnología y otros recursos para la seguridad, pero los resultados en términos de reducción del crimen son, por decir lo menos, desalentadores.
En el departamento del Atlántico, donde también se cobra esta tasa desde el 2011, el gobernador Eduardo Verano De La Rosa, decidió ceder su manejo al Distrito de Barranquilla bajo la tutela del alcalde Alejandro Char.
Mediante un convenio interadministrativo celebrado entre el gobernador Verano y el alcalde Char, el departamento cedió $78 mil millones de pesos de la tasa de seguridad con la cual se recaudan anualmente casi $125 mil millones que ahora será en gran parte, manejado por el Área Metropolitana de Barranquilla.
Según el convenio, los fondos se destinarán a la adquisición de vehículos, dispositivos de comunicación, tecnología y otros recursos de seguridad: 550 motos, 120 carros y camionetas, 2 equipos de rastreo de llamadas, que se instalarán uno el área metropolitana y el otro para el resto del departamento, 600 nuevos radios de comunicación.
Su origen
Mediante la Ley 1421 de 2010, el Congreso de la República, en el artículo octavo inciso segundo, estableció la potestad de los municipios y departamentos para imponer tasas o sobretasas especiales, destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana.
De inmediato varios departamentos y ciudades del país, decidieron a través de concejos y asambleas imponer esta tasa, particularmente para los estratos más altos y vía industria y comercio.
En el 2021 la Corte Constitucional declaró inexequible parte de la mencionada Ley, pero decidió permitir a las entidades territoriales seguir cobrando la tasa, en tanto que el Congreso legislara de manera más clara sobre el tema, en cuanto al sujeto pasivo.
El recaudo
Desde el 2013, son 7 los departamentos en el país que registran cifras de recaudo por concepto de tasa/sobretasa destinada a financiar la seguridad, siendo el Atlántico el que registra un mayor valor de recaudo por ese concepto.
Mientras que en el periodo 2017 a 2021, fueron 57 los municipios en el país que registran cifras de recaudo por concepto de tasa sobretasa destinada a financiar la seguridad, siendo Palmira (Valle del Cauca) con un recaudo de $3.597 millones de pesos en 2021 y Puerto Gaitán (Meta) con $2.508 millones de pesos en 2021, los municipios que registran un mayor valor de recaudo por ese concepto.
No obstante, ninguno de los municipios o departamentos donde se cobra esta tasa puede de ninguna manera demostrar que en efecto tras el cobro de esta contribución se hayan mejorado los índices de seguridad de sus habitantes.
Resultados Nulos, Criminalidad en Alza
A pesar de los millonarios recursos recaudados por esta tasa, el país continúa enfrentando una alarmante crisis de seguridad. Según datos del DANE, durante los primeros diez meses de 2023, se registraron 27,476 muertes violentas en Colombia, con un incremento del 5.2% en los homicidios en comparación con el año anterior. Es particularmente preocupante que departamentos como Valle del Cauca y Atlántico, donde se cobra esta sobretasa, figuren entre los más golpeados por la violencia.
Además, la percepción de inseguridad en las principales ciudades del país sigue en aumento. Los ciudadanos denuncian un crecimiento en delitos como robos personales, extorsiones y secuestros, mientras que la efectividad de la tasa de seguridad brilla por su ausencia.
Corrupción y Complicidad: La Otra Cara de la Moneda
El verdadero escándalo radica en la frecuencia con que se destapan casos de corrupción en las entidades encargadas de manejar estos recursos. Bandas delincuenciales que operan con la complicidad de uniformados, funcionarios judiciales corruptos que facilitan el actuar criminal, y una ciudadanía que desconfía cada vez más de las autoridades son solo algunos de los síntomas de un sistema enfermo.
Es evidente que la corrupción no solo está desviando los recursos que deberían estar destinados a la seguridad, sino que está permitiendo que el crimen organizado prospere y se consolide. Esto no solo amenaza la paz y el bienestar de la sociedad, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones que deberían protegerla.
La situación es insostenible. Si las autoridades no actúan con firmeza y transparencia, la desconfianza y el miedo seguirán creciendo, dejando a los ciudadanos aún más expuestos a la violencia y la criminalidad.
