Escuchar las permanentes quejas del mal servicio de algunas E.P.S. no es nada nuevo en Barranquilla y Colombia en general, por lo que en LA LIBERTAD clamamos, para que muy pronto quede atrás el equivocado criterio de la prestación de un servicio público en el que el paciente es casi un mendigo y que a través de su vinculación a las E.P.S. se les dé un trato digno tanto a cotizantes como a beneficiarios.
Hoy hacemos eco de las innumerables quejas que recibimos de los usuarios y extendemos un llamado al Ministerio de Protección Social y la Superintendencia de Salud para que ejerzan mayor control de algunas de estas entidades, porque hay muchos aspectos que deben ser revisados urgentemente.
Ya habíamos comentado en este mismo espacio editorial, que Colombia es un país de paradojas y una de ellas es precisamente su sistema de salud, el que elogiado e imitado en otros países, se encuentra al borde del colapso por la insatisfacción que generan entre sus usuarios, algunas Empresas Promotoras de Salud – E.P.S. y el propio Gobierno.
Al parecer, todas las partes tienen razones para justificar sus falencias, pero muy pocos aceptan que no se está haciendo lo suficiente para que el modelo, que se ve tan “perfecto” en el papel, se traduzca en una población satisfecha con los servicios que recibe.
Precisamente ahí está el meollo del asunto, porque mientras el Gobierno, las EPS y los usuarios no jalen para el mismo lado, los jueces –a través de sus fallos de tutela– y no los médicos, serán quienes sigan decidiendo si una vida está en peligro o no.
Por ejemplo, la congestión a la hora de pedir las citas es una de las mayores molestias de los usuarios; en nuestra sala de redacción es permanente la recepción de quejas de lectores molestos porque en su E.P.S. no les atienden las llamadas telefónicas solicitando una consulta médica.
Otra queja frecuente se relaciona con el suministro de los medicamentos ya que para estas entidades dos o tres de estos siguen siendo los medicamentos mágicos ya que según los usuarios que a diario se comunican con LA LIBERTAD, son formuladas para todas las enfermedades habidas y por haber.
Como se recordará, el año pasado la Corte Constitucional recibió un total de 81.899 tutelas tendientes a la protección del derecho a la salud y en los primeros 5 meses de este año ya se reportaron 11.973 tutelas.
Ante este elevado número de acciones de tutela, la Defensoría del Pueblo lanzó un urgente llamado a quienes prestan los servicios de salud, para que asuman su condición de garantes de los derechos de manera directa, para así evitar que los ciudadanos sean vulnerados en sus derechos.
Además, los usuarios no saben cuáles son los servicios a los que realmente tienen derecho, por esta razón es común y corriente pedir una cita ante un juez, que ante el médico general; prácticamente el sistema judicial a través de la tutela, es el que está determinando los tratamientos médicos y no los especialistas.
Definitivamente, el sistema de salud tiene la tendencia de convertirse en un negocio financiero, pero poco está respondiendo a la necesidad de prevenir y curar dignamente a los usuarios especialmente de los pertenecientes al os estratos 1, 2 y 3 y que sea de calidad su aplicación.
