El organismo solicita al Gobierno implementar controles estrictos en las zonas de cese al fuego y asegura que se deben usar mecanismos legales para proteger los derechos humanos y prevenir incidentes.
La Procuraduría General de la Nación ha expresado su enérgica condena ante el reciente secuestro de soldados del Ejército en San José del Guaviare, calificando el incidente como una grave violación a los Derechos Humanos. Los uniformados afectados estaban desempeñando sus funciones en esa región del país cuando fueron capturados, generando una fuerte preocupación en el organismo.
En respuesta a este acto, la Procuraduría ha instado al Gobierno Nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior, a implementar de manera rigurosa los mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación estipulados en los decretos de cese al fuego con los grupos armados ilegales presentes en la región. La entidad enfatizó la necesidad de garantizar que estos procedimientos se lleven a cabo con eficacia para prevenir futuros incidentes.
El organismo ha manifestado su inquietud por la posibilidad de que las comunidades locales opten por tomar medidas drásticas para exigir la presencia de las autoridades. En este contexto, la Procuraduría recordó que existen otros métodos para reclamar la atención institucional sin recurrir a acciones extremas.
Además, la Procuraduría subrayó la importancia de mantener una vigilancia constante sobre el cese al fuego para asegurar que los grupos armados permitan la prevención de incidentes, respeten los derechos ciudadanos de los pobladores y eviten infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). El organismo hizo hincapié en que no se debe perder de vista el apego a los mecanismos legales para denunciar y solicitar la intervención de las autoridades del Gobierno Nacional, departamental y municipal.
La Procuraduría también anunció que continuará monitoreando de cerca la situación de derechos humanos en San José del Guaviare. Este seguimiento incluirá una vigilancia atenta a la respuesta efectiva y oportuna de las autoridades, con el fin de proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos y asegurar la protección de los uniformados del Ejército en la región.
